Norges Bank, el fondo soberano noruego, acaba de revelar su posición en la gasista española Naturgy con una participación del 1,143%, por encima del 0,83% que mantenía a cierre de 2020. La comunicación a la CNMV se produce en plena oferta pública voluntaria y parcial de la firma australiana IFM para hacerse con hasta el 22,69% de la energética.
En concreto, Norges Bank, que gestiona el Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, el mayor fondo soberano del mundo, ha declarado esa participación del 1,143% en Naturgy, representativa de unos 11,082 millones de títulos, según el registro de CNMV. Al cierre de 2020, según los datos del propio fondo, mantenía una participación del 0,83% del capital.
A los actuales precios de mercado, la participación actual del fondo soberano noruego alcanza un valor de unos 231,3 millones de euros. Las acciones de la energética presidida por Francisco Reynés cerraron este lunes a un precio de 20,87 euros, con una caída del 0,14%.
Los principales accionistas de Naturgy son Criteria Caixa, con una participación del 24,4%; seguido de GIP y un vehículo participado por CVC y los March, con algo más de un 20% cada uno. La estatal argelina Sonatrach posee un 4%, según el registro del supervisor.
El fondo está presente en numerosas empresas del mercado español, siendo uno de sus principales inversores, entre las que figuran Iberdrola, BBVA, o Indra, entre otras. La entrada del fondo noruego en el capital de Naturgy se produce cuando está anunciada una oferta del fondo australiano IFM para hacerse con hasta el 22,69% de la energética española, después de que el pasado mes de febrero ya presentara ante la CNMV la solicitud de autorización a la operación.
El precio inicial de la oferta de IFM era de 23 euros por título, aunque fue ajustado el pasado mes de marzo a 22,37 euros por acción tras el dividendo de 0,63 euros abonado por Naturgy a sus accionistas, correspondiente al último tramo del dividendo con cargo a 2020. De esta manera, tal y como estaba previsto de acuerdo con los términos de la opa, se reduce el importe total que IFM está dispuesto a pagar por hasta el 22,69% de la energética hasta unos 4.921 millones de euros.
La operación, además del visto bueno de la CNMV, debe contar con la autorización del Consejo de Ministros, debido a la normativa de blindaje aprobada el año pasado por el Gobierno por la crisis del Covid-19, que permite al Ejecutivo vetar la compra por un inversor extranjero de más de un 10% de una empresa española de un sector estratégico. La efectividad de la oferta está sujeta a recibir las correspondientes autorizaciones regulatorias y de competencia, así como a alcanzar un nivel mínimo de aceptación de, al menos, el 17% del capital social de la energética.
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