Calma tensa en el sector bancario. Las entidades, también los gestores por los daños colaterales que puedan producirse, mantienen la respiración mientras el Tribunal Supremo, cuyo pleno de la Sala III se reúne este lunes, emite finalmente su resolución sobre quién debe abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de una hipoteca. La intranquilidad se ha extendido también a los fondos de inversión españoles y a los pequeños inversores que forman parte de ellos, que se juegan más de 2.500 millones de euros en la decisión final.
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Los fondos españoles no escapan de la incertidumbre del mercado y les sorprende esta jornada clave con una apuesta fuerte por la banca. Las intensas caídas de las cotizaciones durante julio y agosto fueron aprovechadas por los gestores españoles para aumentar su posición en algunas entidades de crédito bajo la premisa de posicionarse de cara a la subida de tipos que debe llegar el próximo año. En total, acumulan más de 2.500 millones invertidos en el sector y cerca de 700 millones directamente en las entidades más expuestas.
La mayor posición es sobre Banco Santander, que reúne más de 1.000 millones, mientras que el resto es bastante menor. Entre aquellos que podrían salir más perjudicados destaca Bankia, en el que los fondos mantienen cerca de 190 millones invertidos, una cifra similar a la que se juegan con Banco Sabadell (163 millones). Por detrás quedan otros que también podrían ser penalizados como Liberbank, Unicaja o Bankinter. Por último, están BBVA y Caixabank (con más de 400 millones invertidos en cada uno), que, pese a ser menos sensibles al fallo del Alto Tribunal, su cotización se verá condicionada.
El verdadero problema para los gestores españoles es que apenas han trascendido detalles sobre lo que puede ocurrir, según explican algunos de los consultados por La Información. "Existe una falta de información que impide estimar un potencial impacto sobre los bancos de la devolución de este impuesto", argumentan desde Renta 4.
El mercado tiene hasta tres focos de preocupación en relación con la próxima resolución: el primero, el de la "duda sobre la retroactividad"; también lo más importante, explican desde el banco de inversión. El segundo es que el impuesto es diferente según la comunidad autónoma. Y por último, que muchos de los actuales datos, como el saldo hipotecario, no sirven para hacer los cálculos.
Pese a que son varias las incertidumbres, la clave será si el Supremo decreta o no retroactividad en su decisión. Ante ese punto no hay una guía sencilla. Por un lado, se habla de que podría llegar a los cuatro años, que es el período habitual en las cuestiones fiscales. Por otro, las propias entidades bancarias han unido su discurso y han señalado que confían que no haya retroactividad, puesto que ellos "siempre han cumplido con la ley". Un mensaje que han repetido casi calcado todas las grandes entidades durante la presentación de resultados.
La falta de información también ha provocado que no existan principales perjudicados, aunque sí haya señalados. Para los analistas de Renta 4, Bankia y Liberbank encabezarían aquellas entidades que más pierden, ya que son los los que mayor exposición a crédito hipotecario sobre el total de inversión crediticia bruta tienen en su balance. Otras fuentes de mercado señalan directamente a Bankia, Bankinter y a Banco Sabadell como los más afectados, debido a que el importe medio de las hipotecas que han otorgado en los últimos años es mayor. El último en ser señalado sería Unicaja debido a que el impuesto en Andalucía es mayor que la media en España.
Un ‘agujero’ de hasta 16.000 millones
La falta de información también hace mella sobre cual sería la cifra real del daño sobre las cuentas de las entidades. Hasta la fecha, los estudios que se han facilitado a la prensa dan cifras dispares que se mueven entre los 2.000 y los 16.000 millones. La cifra inicial la estiman desde Renta 4 contando con una retroactividad de 4 años, mientras que el peor escenario lo detecta la agencia de calificación Moody’s.
La firma estadounidense cree que en el peor de los escenarios, aunque de baja probabilidad, sería el que establece un grado de retroactividad mucho más amplio. En este caso, el pasivo potencial a asumir por los bancos crecería "ligeramente" durante los primeros años de retroactividad adicional, dada la baja creación de nuevas hipotecas durante el periodo 2011 a 2013, pero aumentaría considerablemente si se amplía a años anteriores a 2010. Según la agencia, el coste podría superar los 16.000 millones de euros, teniendo en cuenta los contratos hipotecarios firmados desde 2004.
Pese a la incertidumbre que reina, los inversores se mostraron convencidos finalmente de que la banca no saldría tan mal parada después de un viernes muy bueno para el sector. Las entidades lideraron las subidas del selectivo español con especial fuerza en el caso de BBVA, seguido por Bankia y Banco Sabadell. Además, este lunes el mercado también deberá refrendar los resultados en los test de estrés publicados el pasado viernes 2 de noviembre, que mostraron un aprobado general de las cuatro entidades españolas sometidas a examen (aunque con el Sabadell algo más rezagado).
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