Ninguna gestora española se suma todavía al Código de Buenas Prácticas de la CNMV

Vacío. Así figura el listado de entidades que se han sumado al Código de Buenas Prácticas para Inversores de la CNMV. La ausencia de adhesión es total cuando se cumplen seis semanas desde que el supervisor español alumbrara esta guía. Tan sólo consta una entidad: Corporance Asesores de Voto, el único 'proxy advisor' nacido en España, que ha participado en su elaboración. Uno de los requisitos que estipula esta iniciativa de carácter voluntario es que si decides sumarte es obligatorio el cumplimiento de todos los principios, además de presentar un calendario concreto de adaptación para cumplir los objetivos.

Precisamente en esta cláusula se encuentra el motivo de la tardanza. Desde Inverco, defienden que la decisión de unirse a este proyecto requiere de tiempo por parte de las organizaciones y tiene que resolverse desde el más alto nivel de la compañía. "Hay que dar de margen un par de meses porque tiene que ser aprobado por el consejo de administración", comenta a este medio el presidente de la patronal de las gestoras y fondos de inversión, Ángel Martínez-Aldama. La obligatoriedad de cumplir con todos los puntos establecidos ha forzado a estudiar con lupa punto a punto las condiciones, así como la letra pequeña que conlleva. Entre ellas, explicar el avance anual logrado en cada ejercicio. 

"Las entidades que se adhieran al código deberán revisar sus procesos, políticas internas, sus inversiones, su página web... para adaptarlos en lo que sea necesario y asegurar que cumplen con los principios del código. Están en proceso de análisis del contenido, previo a valorar la posible adhesión", apuntan a La Información portavoces oficiales de Unespa, remarcando que habrá que esperar para que la CNMV de la bienvenida a futuros miembros, en caso de que se produzcan. En ambos casos han declinado valorar las implicaciones de dicho documento dirigido a inversores institucionales, gestores de activos con sede en España, inversores no institucionales con participaciones en empresas cotizadas o entidades extranjeras. 

"El código no supone más obligaciones para los inversores que tengan una estrategia sostenible a largo plazo que las actuales"

Con un periodo de tres años para adoptar la normativa, el organismo encabezado por Rodrigo Buenaventura busca reforzar la implicación de los accionistas en las sociedades en las que invierten y adecuar al mercado español el 'stewardship code'. Tal y como publicó este medio, en la práctica persigue que el diseño de políticas ayuden a ejercer presión sobre determinados aspectos, sobre todo climáticos, para que las empresas avancen en ellos. De este modo, su inscripción impone ejecutar siete principios, entre los que destacan tener un conocimiento "adecuado" y realizar un seguimiento de las empresas de las que se forma parte del accionariado, además de estudiar la rentabilidad a largo plazo que ofrecen estas inversiones en beneficio de sus clientes. Esto también supone, siempre que sea posible, integrar factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). 

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"El mercado español aún no está preparado. Esta hoja de ruta es nueva, aunque en otros países exista desde hace años", indica el fundador y CEO de Corporance, Juan Prieto, quien si bien cree que las compañías se irán sumando poco a poco una vez pasada la temporada de juntas de accionistas y estudiado el informe a fondo, no espera que el número de participantes llegue a 250, como sí se contabiliza en Stewardship Code británico. "El código no supone más obligaciones para los inversores que tengan una estrategia sostenible a largo plazo que las actuales. En cambio, las aclara y concreta para facilitar su cumplimiento porque la transposición de la directiva de implicación de Derecho de los Accionistas (SRD II) ha sido confusa", apostilla. 

La retribución y el sentido del voto están en el punto de mira

Otro de los 'puntos calientes' es el de especificar no sólo sobre su voto, sino también detallar las políticas por las que se regirán. "Se recomienda que estas entidades establezcan de manera clara y precisa, y con el nivel suficiente de detalle, cuál es su política de voto y la pongan a disposición del público en su página web", remarcan, añadiendo la recomendación de tomar en consideración la postura de un asesor de forma consciente y con "juicio propio" en lugar de seguir consejos de "forma automática". De hecho, deberán publicar todos los años un informe especificando estas cuestiones con ejemplos y actuaciones concretas. A este respecto, Prieto detecta que las gestoras han comenzado a adquirir un papel más activo en lo relacionado con la orientación del voto. 

Después de unos meses de consulta pública, el último principio establece la obligación de hacer público la cuantía variable que los consejeros ejecutivos y la alta dirección de las gestoras y fondos se llevarán estará ligada al cumplimiento de determinadas metas, así como que estén alineados con su estrategia empresarial. "Se considera deseable que una parte de la remuneración se oriente a la consecución de un rendimiento a largo plazo", añaden. Sin olvidar que la gestión de los conflictos de intereses debe estar enfocada en priorizar los intereses de los clientes.