La imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por los encargos de la compañía al excomisario José Manuel Villarejo, sacude el valor de la compañía en bolsa. La decisión judicial pone en riesgo la percepción del mercad de la compañía con los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) y lleva a los grandes inversores que tienen en cuenta el ASG a poner en cuarentena su inversión en la compañía.
La cotización de Iberdrola se desplomó un 3,5%, hasta 10,42 euros, en su mayor descenso desde el 18 de marzo de 2020 en pleno crash de los mercados por el Covid-19. Su comportamiento aceleró las caídas del Ibex 35 por debajo de los 9.000 puntos al ser el valor de mayor peso en el índice. El gigante eléctrico registra una pérdida de capitalización bursátil de 2.470 millones de euros durante la sesión, hasta 67.200 millones.
Con ello, la compañía acumula un retroceso del 2,5% en la semana y cercano al 5% en lo que va de junio. Las acciones de Iberdrola, pese a alcanzar máximos históricos a principios año, acumulan una caída próxima al 10% en lo que va de 2021. Lo peor es que la caída podría continuar, según los expertos consultados por 'La Información'.
“Si las dudas persisten en cuanto a la implicación de su presidente, los inversores podrían tener alguna ‘estampida’ hasta que el caso se solucione”, señala Diego Morín, analista de IG. Pese a ello, destaca que “las acciones de Iberdrola sufrieron ayer ante el cambio de estrategia seguido por los analistas del Deutsche Bank, los cuales apostaban por mantener las acciones de la eléctrica en cartera y no comprar”. El retroceso de este miércoles se suma a la visión negativa de Deutsche Bank sobre el sector eléctrico español, tras la intención del Gobierno de recortar los denominados 'beneficios caídos del cielo'.
La caída de este miércoles es la respuesta de los mercados al auto del titular del juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el que acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción para citar como investigados a Sánchez Galán y a otras tres personas por delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. La causa investiga si Iberdrola contrató los servicios del excomisario Villarejo para espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez.
La decisión judicial, con repercusión internacional por la presencia de inversores globales en Iberdrola, puede conllevar el cese de Galán. El Reglamento del Consejo de Administración de Iberdrola faculta a ese órgano de gobierno corporativo a abrir investigaciones internas, solicitar dimisiones o, incluso, proponer ceses tras la imputación de alguno de sus consejeros. La imputación de Galán puede conllevar consecuencias graves en la justicia y amenaza los criterios ASG, que la mayoría de inversores tienen asimilados para depositar su dinero.
Los criterios ASG (ESG en inglés) son habitualmente conocidos por el compromiso medioambiental que conllevan, pero, además, responden a las inquietudes sociales y de gobierno corporativo de los inversores. Esta última 'pata' es la que podrían cuestionarse en Iberdrola, ya que afecta al "buen gobierno", entendido como tal que las empresas invertidas no estén implicadas en causas judiciales y que cumplan con las reglas de transparencia y de rendición de cuentas.
En ese sentido, Morín afirma que “tendríamos que seguir de cerca la evolución de la cotización de la eléctrica para conocer el impacto que van dejando los inversores antes dicha noticia. Sin embargo, cabe destacar que, los fondos de inversión (con grandes posiciones en el valor) condenan este tipo de situaciones y más cuando se abre un procedimiento judicial”.
De acuerdo a los registros de la CNMV, el mayor accionista de Iberdrola es el fondo soberano de inversión, Qatar Investment Authority, que controla el 8,7% de las acciones. Le sigue Blackrock, con una participación del 5,2%. La mayora gestora de fondos del mundo recoge los criterios ASG para invertir y respecto al gobierno corporativo, señala que "comprende el comportamiento de la empresa, como la calidad y la eficacia del consejo".
Otras cotizadas afectadas por causas judiciales
Galán no es el primer presidente del Ibex 35 imputado. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el que fuera su homólogo en CaixaBank Isidro Fainé, también están investigados en el caso Villarejo, aunque en la pieza número 21, por el llamado 'proyecto Wine', desarrollado entre 2011 y 2012. En concreto, se analiza si Repsol y CaixaBank acudieron a Villarejo para desarticular "una estrategia de sindicación" del expresidente de Sacyr Luis del Rivero "para asociarse con Pemex" y conseguir "casi un tercio" de las acciones de la petrolera.
Más avanzada aún se encuentra la novena pieza de la causa, en la que figura, entre otros, el expresidente del BBVA Francisco González. A diferencia del resto de investigados, que se mantienen en su cargos (en el caso de Fainé, al frente de la Fundación Bancaria La Caixa y de la patronal bancaria CECA), González renunció temporalmente a la presidencia de honor de la entidad a raíz de las pesquisas.
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