La primera empresa española que llevó a cabo una emisión de bonos verdes fue Iberdrola. Lo hizo hace cinco años, en 2014. Hoy, la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán es ya uno de los primeros emisores privados de este tipo de deuda a nivel mundial. Solo el año pasado colocó un total de 1.496 millones de euros, el 38% de todo lo que emitieron empresas españolas bajo la calificación de bono verde (3921 millones de euros en total). Junto a Iberdrola, BBVA y ACS encabezan la emisión de deuda sostenible en nuestro país, con algo más de 3.300 millones de euros, a los que se suman otros 619 millones lanzados por Adif.
Pese a que las cifras son llamativas demuestran hasta que punto España se ha incorporado a este mercado con una cierta timidez, puesto que esos 3.900 millones representan poco más del 2% de las emisiones a nivel global a lo largo de 2018, tal y como explican el think thank EuropeG y Afi en su informe Finanzas y medio ambiente.
El sector de la gestión de activos ha ido incorporando enfoques de inversión más sostenibles a lo largo de los últimos años. En el caso de la renta variable se trata de descartar las acciones de las compañías que no cumplan con los criterios ESG (factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). En el caso de la renta fija, el enfoque se centra más en el instrumento en cuestión que en la empresa.
Así, los bonos verdes son aquellos cuyos fondos se destinan exclusivamente a financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos en función de su impacto positivo sobre el medio ambiente como pueden ser las reducciones de emisiones de CO2 o la compra de coches eléctricos. Estos deben cumplir con los Green Bond Principles (GBP), criterios que transparencia, publicidad, elaboración de informes y con la asignación de la financiación a unos ámbitos de actividad específicos.
El caso español
En nuestro país han sido las empresas energéticas y las financieras las que más han participado de este mercado hasta la fecha. Al margen de Iberdrola, otras compañías del sector han colocado en el mercado sus emisiones vinculadas a a infraestructuras para el proceso de descarbonización de la actividad económica, como Gas Natural Fenosa (actualmente Naturgy). Pero no han sido las únicas.
A finales de enero, Telefónica acudió a Dublín para colocar 1.000 millones de euros en deuda a cinco años en su primera emisión de bonos verdes y en la primera llevada cabo además por una empresa del sector de las telecomunicaciones. La financiación obtenida se destinará a proyectos verdes sostenibles y socialmente responsables.
Otras entidades nacionales han emitido bonos sociales o sostenibles, cuya financiación se destina a fines sociales o a una combinación entre estos y los que se consideran "verdes". Es el caso de las colocaciones que han realizado desde hace unos años la Comunidad de Madrid (la primera institución pública de nuestro país en hacerlo), el Ayuntamiento de Barcelona y entidades financieras como Kutxabank o Caja Rural de Navarra.
En lo que respecta a las entidades que ejercen como colocadoras, BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Kutxabank y Triodos España suscribieron alrededor de 1.780 millones de euros, muy por debajo de los 6.220 millones que alcanzaron los agentes más importantes a nivel internacional: HSBC, Credit Agricole y Citigroup.
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