Un desconocido 'hedge fund' con acento español rompe la veda bajista en Indra

  • El Estado acumula minusvalías latentes del 53 millones por participación del 18% tras el desplome bursátil de la compañía durante el último año.
Fernando Abril-Martorell
Fernando Abril-Martorell
Europa Press - Archivo

Malas noticias para el arranque de 2019. Indra, la contratista controlada por el Estado a través de la SEPI (18%) y el holding C. F. Alba de la familia March (10%), vuelve a recibir la visita de los ‘hedge funds’ bajistas en su accionariado tras la tregua de la que gozó en el cuarto trimestre de 2018. Engadine Partners, fundado en Londres tras el Brexit de 2016, ha superado el 0,5% del capital en posición bajista sobre Indra y toma el relevo de otros fondos que operaron a la baja sobre la acción en 2018 como Schroders o Marshall Wace.

Se trata de un ‘hedge fund’ desconocido en la Bolsa española, con sede en Londres pero con un gran conocimiento del mercado ibérico. De hecho, parte de su plantilla se construyó en Madrid hace dos años. Detrás de la firma se sitúa Marcelo Sallusti, el que fuera jefe de inversiones (CIO) de Egerton Capital desde 2000 a 2015. Tras salir de la firma -uno de los gigantes de la City londinense- montó proyecto propio y fichó a experimentados profesionales como el español Borja Castro Pérez, ex analista de constructoras de Chevreaux y una de las cabezas visibles en España del banco de inversión alemán MainFirst hasta 2016.

Tras el Brexit, junto a su Filipe Correia (otro ex Chevreaux), Castro se enroló en el proyecto de creación de este ‘hedge fund’británico. Engadine capitanea ahora los cortos en el capital de Indra tras la retirada que registraron durante el cuarto trimestre de 2018. Según los registros de la CNMV, la posición agregada de bajistas llegó a superar el 4% del capital de Indra el pasado verano y se redujo a apenas el 1% en diciembre.

Desde enero de 2019, el supervisor ya no hace públicos estos datos porque considera ahora que no son lo suficientemente relevantes para hacerlo. Una decisión que no ha estado exenta de críticas. Sin embargo, aquellos inversores que superan el 0,5% del capital de una empresa deben retratarse y revelar su presencia a través de los registros de la CNMV.

Las acciones de Indra registran un alza del 5% en lo que va de 2019 después de perder una cuarta de su valor en bolsa durante 2018 (-27%). La compañía de participación estatal ha sido una de las excepciones, junto a Bankia, que se libró la ola de renovación de cargos en empresa públicas tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno el pasado junio. Indra está dirigida desde 2015 por el ex ejecutivo de Prisa y Telefónica, Fernando Abril-Martorell, que ha llevado adelante una profunda reestructuración de la compañía sin demasiado éxito.

Su beneficio en el tercer trimestre se desplomó un 35%, hasta los 18 millones de euros, afectada por los costes de reestructuración de Tecnocom, el efecto divisa de sus negocios fuera de España y la reciente sanción de la CNMC de 13 millones de euros por liderar un cártel de empresas de tecnología e informática que pactaba precios en los concursos con las Administraciones Públicas.

Paradójicamente, el Estado no solo ha perdido dinero por esta vía, sino con sus acciones Indra. En agosto de 2013, tras el rescate de Bankia, la SEPI compró al banco el 20% de la tecnológica por 337 millones de euros, a razón de 10,2 euros por acción, pero con idea de vender ese paquete más adelante. Desde entonces tan solo se ha deshecho del 2% del capital y sigue atrapado dentro ante la imposibilidad de aflorar plusvalías. La inversión de la SEPI todavía mantiene unas minusvalías latentes del 16% (unos 53 millones de euros) por su inversión en Indra.

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