Propiedad de las acciones

Bienvenido, Mister Marshall: la inversión extranjera en el Ibex alcanza máximos

Las familias españolas, que históricamente tenían una alta presencia, han reducido su peso en los últimos años y solo tienen uno de cada cinco títulos

Un inversor en el parqué de la Bolsa de Madrid. EFE/Emilio Naranjo
La inversión extranjera en la bolsa española alcanza máximos históricos / EFE. 

'Bienvenido, Mister Marshall' es una película española en la que un pueblo español realizaba preparativos para impresionar a diplomáticos estadounidenses y así beneficiarse del Plan Marshall. Algo similar que en este caso sí logra nuestra bolsa española, que cada vez atrae a más inversores extranjeros (no solo estadounidenses), al tener en sus manos un 46% de las acciones cotizadas a cierre de 2017, su nivel más alto de toda la historia y tres puntos más que hace un año. Además, obtendrán una buena rentabilidad debido a que el Ibex 35 avanzó en torno a un 7% el último curso. 

La internacionalización de la economía y los negocios en España avanzan de forma imparable y se traslada a la propiedad de las acciones de la bolsa española. De hecho, el peso de los extranjeros en la bolsa española, sobre todo en el Ibex, se ha disparado en nueve puntos porcentuales en la última década y en 16 desde 1992, lo que pone de manifiesto el apetito y atractivo que suscita nuestro parqué. 

"Esta tendencia es reflejo del creciente grado de apertura alcanzado por la economía española desde la entrada en la Unión Europea, hace más tres décadas, y de la consolidación del mercado bursátil español como uno de los más desarrollados del mundo", según destaca el Informe del Servicio de Estudios de BME sobre la propiedad de las acciones. 

Otros factores que han incidido en el aumento del peso de los inversores extranjeros han sido la globalización y la participación de capitales extranjeros en la superación de la crisis vivida en los últimos años. Por su parte, las familias y empresas no financieras suman cerca de un 20% cada una, mientras que fondos de inversión, compañías de seguros, bancos e intermediarios financieros se reparten el 14% restante.

Tras el fuerte aumento registrado en 2016, la participación de las empresas no financieras repite registro en el 20% del total y pasa a ocupar el segundo lugar como grupo de propietarios más relevante de la Bolsa española. Los inversores individuales u hogares, que históricamente tenían altas participaciones, han reducido en los últimos tres años su inversión y su porcentaje, a cierre de 2017, se situaba en el 19,7%, por lo que caen a mínimos históricos de 2008. 

La riqueza financiera neta de los hogares (diferencia entre sus activos y sus pasivos financieros) alcanzó el récord histórico de 1,37 billones de euros a cierre del año pasado. Esta cifra es un 85% más elevada que la registrada en 2008, en los inicios de la crisis, y acumula cinco máximos históricos anuales consecutivos desde 2013. El aumento de la riqueza financiera neta es un factor impulsor del consumo de los hogares y está detrás del buen comportamiento de la economía española en términos de PIB de los cinco últimos años.

Instituciones de Inversión Colectiva españolas (fondos de inversión, fondos de pensiones y sicav) junto con las compañías de seguros y otras compañías financieras no bancarias, han sido el grupo de propietarios de acciones cotizadas que más ha aumentado su posición relativa en la Bolsa. Suponen ya el 8% del total, el nivel más alto en cinco años.

Por último, los bancos españoles aumentaron una décima su exposición a la Bolsa española, que se situó en el 3,1%. Esta participación es 13 puntos inferior a la de 1992 (primer año de la serie histórica de BME) y 6 puntos menor a la de 2007. Esta evolución refleja el impacto de la crisis en los últimos años y de la ruptura del modelo tradicional de negocio de la banca española.

Según el informe de BME, la distribución de la propiedad de las empresas cotizadas en la Bolsa española puede dar un vuelco si el Gobierno lleva a la práctica la tasa sobre transacciones financieras. "En un entorno tan global y competitivo como el actual, esta medida genera desconfianza en la comunidad inversora, producirá inequidad y arbitraje fiscal con otros países de nuestro entorno y podría suponer una amenaza para la estructura financiera de las principales compañías españolas, arietes fundamentales de la competitividad exterior de nuestra economía", concluye el estudio.

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