Italia encabeza la lista de países de la zona euro en los que más probable sería que se produjera una crisis de deuda debido a la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y la reducción de la compra de bonos en los próximos meses. Así lo recoge un sondeo publicado por el periódico británico 'Financial Times' (FT), en el que nueve de cada diez economistas han avalado esta posibilidad.
La deuda pública italiana sigue siendo una de las más altas de Europa con poco más del 145% del producto interior bruto (PIB), recuerda el artículo del 'FT' publicado. Marco Valli, economista jefe del banco italiano UniCredit, dijo que las "mayores necesidades de una refinanciación de la deuda" del país y la situación política "potencialmente complicada", lo dejaban más vulnerable a una venta masiva en los mercados de bonos.
Los costes de endeudamiento de Roma han aumentado considerablemente desde que el BCE comenzó a aumentar los tipos de interés en el verano de 2022. El rendimiento de los bonos a 10 años superó el 4,6% la semana pasada, casi cuadruplicando el nivel de hace un año y 2,1 puntos porcentuales por encima del rendimiento de los bonos alemanes.
El Gobierno de coalición de derechas de Italia, que asumió el poder en octubre bajo la dirección de la primera ministra Giorgia Meloni, busca el camino de la "rectitud fiscal" después de estimar que el déficit fiscal del país baje del 5,6% del PIB en 2022 al 4,5% en 2023 y al 3% el año siguiente. De hecho, la cifra se elevará en 1,1% este año frente al previsto inicialmente y que recibió el visto bueno de la Comisión Europea (CE), "con algunos puntos críticos".
Los primeros presupuestos de Meloni contemplan la eliminación de la renta de ciudadanía, una especie de ingreso minino vital, a todos aquellos que rechacen un trabajo, mientras que los discapacitados o personas que tengan a cargo menores o enfermos podrán seguir recibiéndolo hasta finales del año. También cambia el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas, que será del 50% sobre los ingresos extras de 2022 que superen en al menos un 10% la media de 2018-21 y solo se aplicará a las empresas con al menos el 75% de sus ingresos derivados de la energía.
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