La Comisión Nacional de los Mercados y de la Comptencia (CNMC) ha dado luz verde al plan elaborado por el Ministerio de Energía para utilizar el sistema de interrumpibilidad -las compensaciones que cobran los grandes consumidores, empresas e industrias- en la contención de los precios eléctricos. Eso sí, el informe de la CNMC, según fuentes conocedoras del documento, reclama al ministerio la revisión completa y a la mayor brevedad, de un sistema que cuestiona Bruselas porque considera los pagos como una ayuda de Estado encubierta a la gran industria.
La orden del ministerio, con la luz verde de la CNMC, introduce nuevos criterios económicos y técnicos en el sistema a partir de 2018. Ahora, el sistema eléctrico, es decir, todos los usuarios, destina en torno a 520 millones al año a compensar a aquellas grandes empresas que están dispuestas a desconectarse de la red eléctrica en caso necesario. Quien decide si es necesario o no es el gestor del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE).
Desde hace tres años, el precio de esa compensación se decide en un sistema de subasta. Lo normal es que el sistema, sobrado de potencia y con la demanda a la baja durante años, no necesite pedir desconexiones. Pero las empresas -siderúrgicas, cementeras etc- cobran lo estipulado. De ahí los recelos de Bruselas que ya en 2013, forzó al Gobierno italiano a devolver lo que considera ayudas ilegales y provocó el cierre de Alcoa en la localidad de Fusina.
Causas económicas
Con la reforma que plantea el Ministerio de Energía, de momento de forma transitoria, REE podría solicitar la desconexión de una instalación de la red en caso de que el pago previsto por el corte a la empresa fuera menor al coste de recurrir a medidas extraordinarias de ajuste. Esas medidas de ajuste son las que disparan los precios del kilovatio hasta extremos escandalosos, como sucedió el 23 de octubre.
A la CNMC le parece bien. Pero reclama una revisión completa del sistema. La Comisión, como el ministerio, saben que España está bajo la lupa de la Comisión Europea, junto a Alemania, Francia, Italia, Polonia, Suecia, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Irlanda y Croacia por utilizar mecanismos en el sistema eléctrico para favorecer indebidamente a productores y empresas.
Es un asunto delicado. En el pasado, cuando se cuestionaron los pagos por interrumpibilidad, se registraron tensiones. Asturias, donde se ubican grandes industrias consumidoras de electricidad como Alcoa, ArcelorMittal o Asturiana de Zinc, es una de las regiones más afectadas.
Borrador de Orden
De hecho, el borrador de orden publicado por el Ministerio de Energía ha provocado reacciones inmediatas en comarcas asturianas como Avilés. Energía quiere reducir la vigencia de la subasta de derechos de interrumpibilidad de un año a cinco meses. Los sindicatos temen las consecuencias en las empresas y en el empleo. Y han protestado. También lo ha hecho la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín.
Acompañan en las quejas a las empresas. Estas reclamaban que las subastas de interrumpibilidad cubrieran hasta hasta dos años para tener un horizonte más amplio en la planificación de las inversiones. Pero la CNMC y el Gobierno tienen otra idea.
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