La Fiscalía de Braunschweig (norte de Alemania) ha acusado este martes al presidente del grupo Volkswagen, Herbert Diess, su antecesor Martin Winterkorn y el jefe del consejo de vigilancia Hans Dieter Pötsch por informar tarde del escándalo del diésel. El escrito de acusación va más allá de la mera manipulación de las emisiones de los motores y se centra en si hubo también un intento de manipular a los inversores ocultándoles la dimensión del caso para evitar las previsibles consecuencias financieras. El escándalo ha supuesto un auténtico varapalo para el sector en bolsa desde que salió a la luz en 2015.
El consorcio informó por primera vez del asunto el 22 de septiembre de ese año, días después de que las autoridades de Estados Unidos destaparan el escándalo. Sin embargo, previamente ya había indicios suficientes del mismo y estos se habían abordado incluso en una reunión interna del consorcio, en julio de 2015, a la que asistieron tanto Winterkorn como el entonces responsable de las marcas Diess.
El escrito presentado ahora en Braunschweig, del que informa la agencia Efe, sigue al formulado el pasado abril por manipulación de emisiones por esa misma fiscalía contra Winterkorn, quien dejó el cargo en 2015 en pleno, y otras cuatro personas. En ese momento el Ministerio Público le imputaba los delitos de estafa en grado grave y vulneración de las leyes contra la competencia desleal, así como malversación, evasión fiscal y falsedad de documentos. En estos delitos habría incurrido en un periodo que va de noviembre de 2006 a septiembre de 2015.
Braunsweig investiga a Winterkorn desde 2017, en paralelo a la serie de diligencias instruidas por la Justicia de Estados Unidos y otras fiscalías alemanas en relación con el escándalo del diésel. El caso de las emisiones salió a relucir en septiembre de 2015, a raíz de unas investigaciones emprendidas en Estados Unidos, a lo que siguió la dimisión del entonces presidente, pese a que sostenía no ser responsable de lo ocurrido, y de otros directivos presuntamente responsables.
VW admitió por entonces que centenares de miles de vehículos de las marcas del grupo con motores diésel de 2 litros estaban equipados con el software para burlar las pruebas de emisiones. Estas primeras revelaciones desataron un alud de sospechas sobre las grandes marcas de la automoción alemanas, una crisis de credibilidad para el sector y sanciones multimillonarias para los fabricantes directamente afectados.
Se comprobó así que los motores afectados emitían en condiciones reales de circulación óxidos de nitrógeno en cantidades muy superiores a lo permitido por la legislación de Estados Unidos y que contaban con un software que detectaba cuándo estaban sometidos a pruebas de emisiones. Cuando el software detectaba las pruebas, reducía el rendimiento del motor para que las emisiones de óxidos de nitrógeno se ajustasen a los máximos permitidos en Estados Unidos.
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