La presión sobre Portugal no cesa y sus bonos a cinco años superan el 8,7 por ciento

Lisboa.- Los intereses que penalizan la deuda portuguesa volvieron a subir hoy, un día más, hasta niveles históricos, especialmente en el caso de los bonos a cinco años, cuya rentabilidad superó el 8,7 %.

La presión que ejercen los mercados sobre el país luso no deja de incrementarse, e incluso se ha intensificado tras la crisis de Gobierno abierta en Portugal por la dimisión de su primer ministro, el socialista José Sócrates.

En el caso de las obligaciones portuguesas a diez años, cotizaban ya al 7,94 %, otro nuevo récord desde la entrada en vigor del euro, en 2002, que lo deja al borde de la barrera del 8 % y elevó la diferencia entre el bono luso y el alemán en 463,39 puntos básicos.

Mayor todavía era el diferencial entre los títulos portugueses y germanos a cinco años, que alcanzó los 612,2 puntos básicos.

Los elevados intereses que penalizan la deuda de Portugal dificultan su acceso a liquidez y pueden llegar a provocar que el país acabe por recurrir a la ayuda externa, pese a los intentos del Gobierno por evitarlo y no seguir los pasos de Grecia e Irlanda.

Ayer mismo, la agencia de notación financiera Standard & Poor's volvió a dar motivos de desconfianza a los inversores sobre el estado de la economía lusa con su rebaja de la calificación del riesgo de los cinco bancos más importantes del país: Banco Espirito Santo (BES), Caixa Geral de Depósitos (CGD), Santander Totta, Banco Portugués de Inversiones (BPI) y el Banco Comercial Portugués (BCP).

La nota de las cinco entidades fue recortada en dos escalones, lo que perjudicó especialmente a la calificación del BCP -participado por el Banco Sabadell-, que se quedó en "BBB-", a un sólo paso del "BB+", considerado como "bono basura".

A la espera de que el país resuelva la crisis de Gobierno abierta con la dimisión de Sócrates, la especulación sobre la necesidad de que Portugal recurra a un rescate financiero sigue creciendo, una ayuda que el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, estimó en cerca de 75.000 millones de euros.