La Comisión Europea ha amenazado este jueves con denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) si no adapta la legislación nacional a la normativa comunitaria sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).
En particular, el Ejecutivo comunitario insta al Gobierno a poner en marcha disposiciones que aclaren las políticas de remuneración para los gestores de fondos OICVM y procedimientos relativos a las infracciones de las normas establecidas por la directiva.
Según explica Bruselas en un comunicado, los fondos OICVM son vehículos de inversión creados con el único objeto de reunir activos de inversores y a continuación reinvertirlos en un conjunto diversificado de activos. El objetivo de la normativa es establecer normas comunes para el funcionamiento de los fondos OICVM en los Estados miembros.
De esta forma, la Comisión Europea ha advertido de que la falta de una aplicación "adecuada" de la directiva "podría disminuir la protección de los inversores en el mercado minorista de fondos de inversión". Esta advertencia tiene la forma de dictamen motivado, lo que significa que el Ejecutivo comunitario podría elevar el asunto ante el TUE si las autoridades nacionales no presentan una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses.
La advertencia del Ejecutivo comunitario tienen la forma de dictamen motivado, que es el segundo paso de los procedimientos de infracción europeos y que da un plazo de dos meses para notificar las medidas encaminadas a cumplir con lo requerido antes de denunciar al país implicado ante la Justicia europea.
La directiva establece requisitos prudenciales para las entidades de crédito y las empresas de inversión de la UE mediante normas sobre el importe del capital que deben tener para cubrir posibles pérdidas por los riesgos a los que están expuestas.
Además, la normativa establece reglas sobre la concesión de licencias y la supervisión de las entidades, la cooperación en materia de supervisión, la gestión de riesgos, el gobierno corporativo (incluida la remuneración) y los colchones de capital, explica la Comisión Europea en un comunicado.
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