Algo está cambiando en las juntas de accionistas. Con la temporada tomando una descanso por la pausa de Semana Santa, entre las novedades se ha colado una tendencia que ha comenzado a tomar forma en los últimos años en España. Los inversores institucionales foráneos se han abierto paso en este país, ejerciendo un papel activo desde el accionariado, que ha reforzado la gobernanza de las cotizadas. En una entrevista con La Información, el country head de Georgeson en España, Carlos Sáez Gallego, explica que su mayor presencia ha contribuido a que las empresas se alineen con determinados estándares internacionales en lo relativo a la independencia del consejo, la reelección del auditor o las ampliaciones de capital.
"La estructura de gobierno de muchas organizaciones ahora ha cambiado a mejor, precisamente por la presión que reciben", remarca. El rostro visible de este asesor de compañías, conocido como ‘proxy solicitor’, colabora desde hace más de una década con cotizadas a las que asesora en el área del gobierno corporativo. Un periodo en el que ha detectado un "avance sustancial" en este aspecto, que se ha visto favorecido por la reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Esto no impide que todavía haya asuntos recurrentes (y espinosos). Entre ellos están las retribuciones y la estructura del consejo de administración, que continúan figurando en el orden del día como los puntos protagonistas. "Las compañías hacen los deberes, pero nunca es fácil cambiar la configuración", apunta.
"La estructura de gobierno de muchas organizaciones ahora ha cambiado a mejor, precisamente por la presión que reciben"
Con ello alude a la representatividad de género dentro del máximo órgano de decisión, un reto que, en su opinión, el tejido empresarial español no va a poder cumplir de forma homogénea, ya que cada empresa tiene ritmos diferentes. "Dentro del Ibex 35 algunas ya han sobrepasado el umbral del 40% y otras van en la dirección correcta. Sin embargo, existe otro grupo que no lo ha hecho simplemente porque no han encontrado a la persona adecuada para ese puesto", argumenta. El Gobierno anunció hace un mes una ley de cuotas en los consejos de las sociedades cotizadas que les obligará a contar con un 40% de representación femenina antes del 1 de julio de 2024, si se aprueba en los términos presentados.
Esta normativa persigue adaptar la directiva europea impulsada hace un año, aunque en su caso, el plazo que establece para que los países comunitarios la adapten se alarga hasta mediados de 2026. En este contexto, Sáez Gallego se muestra optimista y cree que llegarán a tiempo. "En España siempre se ha demostrado que cuando hay una ley o una recomendación las compañías intentan cumplirla". En este sentido, detecta "penalizaciones hacia los consejeros responsables de esta materia que van a reelección en aquellas empresas que no lo hacen", como ya ocurrió durante el ejercicio pasado. La influencia que ejercen bajo el amparo de esta estrategia también se extrapola a cuestiones como los salarios, otro ‘punto caliente’.
"España es el segundo país europeo en el que más votos en contra registraron las retribuciones en la temporada de juntas del año pasado. Con lo cual, esto nos da una señal de que todavía quedan cosas por hacer", resalta, al tiempo que asevera que las empresas se enfrentan a un nivel de disidencia cada vez "más alto". Las comisiones de retribuciones han comenzado a tener un papel más dinámico, lo que demuestra una mayor sensibilidad sobre la importancia de ajustarse a los patrones internacionales. "Nadie quiere aparecer en un periódico en el que se cuentan que han tenido un rechazo del 40%", aunque la implicación en este ámbito es bastante dispar según el nivel de ‘free float’. En este contexto, cree que si bien las cotizadas están siendo activas tratando de poner freno al rechazo, declina hacer una valoración global hasta que todas las firmas Ibex 35 se hayan sometido al examen anual de sus accionistas.
Cerrado el capítulo de la pandemia por Covid-19, este año se espera que el volumen de participación sea más alto, así como un mayor implicación de las gestoras y los inversores. Cabe destacar que el pasado mes de febrero la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio luz verde al Código de Buenas Prácticas para inversores, en línea con otros ‘stewardship code’ europeos en la que Georgeson ha colaborado en su puesta en marcha. "Hacía falta un documento de este tipo en España porque veíamos una diferencia sustancial entre los fondos internacionales y domésticos", argumenta. Sáez Gallego opina que el ‘engagement’, el diálogo entre cotizadas y accionistas institucionales, se va a ver reforzado y además se produce en un momento clave, en el que las compañías han cambiado el chip y han comenzado a reforzar su nivel de compromiso y el diálogo proactivo. "Se han dado cuenta de que tiene que ser continuo".
Discrepancias con la presidencia ejecutiva
La figura del CEO- presidente, muy común en España, genera suspicacias entre los inversores institucionales. La demanda de una separación de poderes entre la gestión del consejo y la estrategia empresarial es el argumento que está detrás de esta reclamación. Una discrepancia motivada por la preferencia de un tiempo a esta parte hacia las presidencias no ejecutivas o independientes, más extendidas en el mundo anglosajón. "No es ni mejor ni peor, sino diferente", apunta Carlos Sáez Gallego. Sobre los consejeros dominicales, que son una particularidad del mercado español, no ve que supongan "un impedimento" en la gobernanza, ya que en muchos casos "pueden actuar como los perfectos independientes".
Sobre las cuestiones medioambientales, lamenta los "tímidos avances registrados" en el despliegue de políticas ‘Say on climate’, pese a que la influencia de algunos fondos comienza a apretar para que se tomen en serio esta cuestión. "No podemos hacer un balance, pero sí tenemos constancia de que se votará en contra de la renovación del presidente de la comisión de sostenibilidad en caso de negativa o desacuerdo para aplicar esta iniciativa", sentencia.
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