La cartera de empresas cotizadas que están participadas por el Estado logra salvar los muebles en un momento especialmente complicado en bolsa. La incertidumbre que azota a los mercados y que mantiene al Ibex al borde de volver a dejar de ser rentable en el año está haciendo mella en valores como IAG, Indra, Red Eléctrica, Enagás y, sobre todo, en Bankia. Sin embargo, ese descalabro se ve compensado por el rally de otros dos valores: Aena (+26%) y Airbus (+47%), lo que arroja unas plusvalías latentes de 1.335 millones de euros para las arcas públicas. Los títulos de la entidad, de la que el Estado posee un 60,63% a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), se hunden más del 30% en el año. Lo hacen en medio del castigo al sector por la política cada vez más expansiva del Banco Central Europeo (BCE) ante el temor a un frenazo económico.
Esto supone que la participación del Estado en la entidad valga hoy 1.723 millones de euros menos que a comienzos de año. Un varapalo que ni siquiera se ve compensado por el rally en lo que va de ejercicio de Airbus (+46,7%), otra de las firmas en la que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una participación del 4,16% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Al margen de estas tres firmas, el Estado sigue ostentando un porcentaje en el capital de Red Eléctrica, Enagás, Indra, IAG, Ebro Foods y Abengoa.
La política expansiva del Banco Central Europeo (BCE), que ahora prepara un nuevo paquete de estímulos de cara a su reunión de septiembre, y el hecho de que los tipos se mantengan en mínimos históricos, están castigando a una entidad como Bankia, muy enfocada en el negocio hipotecario. La acción, que llegó a cotizar a más de 22 euros, se hunde un 32% en lo que va de año. Ha pasado de valer en bolsa 7.897 millones de euros al cierre del año pasado a rondar los 5.000 millones de euros. Esto supone que la participación del Estado (del 60,63% a través del Frob) vale hoy poco más de 3.000 millones de euros, es decir, 1.718 millones menos que en enero.
La entidad tampoco es ajena a la incertidumbre política, y el hecho de que no se descarte al cien por cien un posible pacto del PSOE con Unidas Podemos genera dudas sobre qué podría suceder con el capital del Ejecutivo en Bankia, dado que la formación morada es abiertamente partidaria de la banca pública. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha insistido que no hay prisa por privatizarla.
Sin duda alguna, las mejores noticias para el Estado en lo que a sus participadas en bolsa se refiere se las lleva con Aena. El gestor aeroportuario español, donde el Gobierno controla un 51% a través de la sociedad Enaire, dependiente del Ministerio de Fomento, acumula un subidón en bolsa superior al 26%. Esto ha supuesto que el jugoso pedazo que el Gobierno posee en la firma capitaneada por Maurici Lucena capitalice hoy 2.215 millones de euros por encima de como lo hacía en el arranque del ejercicio. El valor del capital público en la firma alcanza así los 10.385 millones, el equivalente casi a la capitalización total de ACS en el Ibex 35.
El fabricante aeronáutico europeo, de capital mayoritariamente francés, está esquivando de momento los efectos de la menor actividad a nivel mundial y lo hace con un repunte de sus beneficios del 141% en el primer semestre en relación al mismo periodo del año previo hasta los 1.197 millones de euros. El auge de su modelo A320, el hecho de que mantenga sus perspectivas para este año, así como los problemas que ha venido atravesando su rival, la estadounidense Boeing, a causa de la crisis del 737 Max han propiciado un rally que lleva al grupo europeo a dispararse más de 47% en lo que va de año hasta los 121,58 euros por título, alcanzando los 94.200 millones de capitalización.
Su fuerte revalorización ha servido para compensar en buena medida el 'roto' que ha hecho al Estado el desplome de Bankia. El porcentaje del Gobierno en la antigua Eads es del 4,16%, que controla a través de la Sepi. Esa inversión vale hoy más de 3.900 millones de euros, frente a los 2.700 de comienzos de año, lo que supone unas plusvalías latentes de más de 1.216 millones para el Gobierno.
Enagás, sobre todo, pero también Red Eléctrica, ha sufrido un duro correctivo en bolsa a raíz de los recortes a las retribuciones que reciben por transportar y distribuir el gas y la electricidad que la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó a comienzos de julio. Un tijeretazo que puede ascender a 5.000 millones de euros hasta 2026, que afectará en mayor medida a las gasistas y por el que el Gobierno de Sánchez se enfrenta a una oleada de arbitrajes y demandas de los fondos de inversión.
En concreto, Red Eléctrica, de la que el Estado es dueño de un 20% a través de la SEPI (y principal accionista por delante de los fondos Blackrock o Amundi) pierde cerca del 4% en bolsa en lo que va de año. Ese retroceso genera unas minusvalías latentes de 180 millones de euros en la participación que el Ejecutivo tiene en la operadora del sistema eléctrico, que a día de hoy ha visto reducirse su valor hasta los 1.929 millones. En el caso de Enagás el porcentaje en manos públicas es del 5% (la SEPI es también su accionista de referencia) y ese pedazo del pastel ha visto menguar su valor en 45 millones de euros, desde los 282 que alcanzaba al comienzo del ejercicio.
El sector de las aerolíneas está siendo uno de los más castigados por el Brexit, sobre todo ante la posibilidad cada vez más cercana de que la salida de Reino Unido de la Unión Europea se produzca sin acuerdo. El grupo IAG (matriz de Iberia y British Airways) ha sufrido un notable varapalo desde el referéndum celebrado en 2016. En el caso de la compañía que preside Antonio Vázquez el problema está en que consumado el 'divorcio' debería demostrar que más de la mitad de su capital está en manos comunitarias para poder seguir operando en el espacio aéreo europeo. El correctivo en bolsa en lo que va de ejercicio (pierde un 26,7% a causa también del encarecimiento del petróleo o la crisis de Boeing) ha hecho adelgazar en 117 millones de euros la participación pública en el grupo hasta poco más de 230 millones.
El Estado es el principal accionista de Indra a través, también, de la SEPI al controlar un 18,71% de su capital, por delante de Corporación Financiera Alba (10,5%) o del fondo estadounidense Fidelity. La tecnológica tampoco atraviesa un buen momento bursátil, puesto que sus títulos cotizan prácticamente en zona de mínimos históricos (6,67 euros por título y 1.178 millones de euros de capitalización), lo que ha llevado a su cúpula a salir en bloque en defensa de la firma comprando acciones en el mercado.
En su caso, como en el de Red Eléctrica o Enagás, la posibilidad de que vayamos a una nueva convocatoria electoral hace un flaco favor al valor, que también se ha visto perjudicado al romperse las negociaciones con la británica Rolls-Royce para hacerse con ITP (operación para la que ya contaba con 1.000 millones de financiación). Unas cosas y otras suponen que su cotización se hunda un 19% en el año y que el valor de la participación del Gobierno en la firma haya sufrido un tijeretazo de 52 millones de euros (hasta los 220 millones) desde comienzos del ejercicio.
El dueño de Sos, Brillante, La Fallera o La Cigala también cuenta con el Estado como accionista de referencia a través de la SEPI, con un 10,36% del capital. Una presencia que se mantiene desde hace más de dos décadas y que en lo que va de ejercicio trae buenas nuevas bursátiles para el erario público. Los títulos de Ebro Foods avanzan casi un 9% en el año, lo que ha elevado la capitalización de la firma fundada por la familia Hernández por encima de los 2.860 millones. Un aumento que ha permitido al Gobierno incrementar el valor de su inversión en más de 16 millones de euros, hasta los 296 millones.
A principios del año pasado el Estado, a través de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, afloró una participación del 3,152% en el capital de Abengoa. Es actualmente el accionista de referencia en la firma después de que el Banco Santander redujera a mediados de este año su porcentaje en la compañía por debajo del 3% (llegó a tener casi un 9,7% del capital). En marzo de 2017, Abengoa, cuya deuda llegó a alcanzar los 9.300 millones, cerró su reestructuración financiera y evitó el mayor concurso de acreedores de la historia de España. Hoy día el erario publico logra unas plusvalías latentes de 0,20 millones de euros por su participación en la multinacional.
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