Un largo proceso en los tribunales ha llegado a su fin pero todavía parece lejos de resolverse. Sisco Sapena, el fundador y mayor accionista de Lleidanet, reclama ahora a sus antiguos socios en la compañía (Banco Santander, SEPI y Enisa) que le vendan el 21,2% del capital como consecuencia de la reactivación de una opción de venta firmada entre ellos como condición para la salida a bolsa en 2015 de la tecnológica catalana. El problema es que las acciones ya no están en posesión de dos de los cuatro accionistas implicados. Según notificó la empresa este lunes, el Tribunal Supremo inadmitió el pasado 15 de marzo un recurso de Sapena contra la ejecución de la opción de venta que le obligaba a recomprar a sus socios el 21,2% del capital a 1,37 euros más intereses (1,77 euros en total).
La consecuencia inmediata es que se reactiva el proceso de compraventa entre las partes que quedó paralizado en los tribunales tras varias demandas de Sapena entre 2016 y 2018. La primera de ellas fue en el Juzgado de Primera Instancia de Lleida para que se declarase “nula por desequilibrio, abuso de la posición contractual y por vulnerar la normativa Mifid” dicha opción. En noviembre de 2016, un mes después del inició de la primera acción judicial, los entonces gestores del fondo de capital riesgo Banesto Enisa Sepi Desarrollo FCR registraron ante notario su petición activar la opción de venta y comunicaron a Sapena su “voluntad irrevocable de ejercitar la opción de venta de la totalidad de las acciones”, según reza el burofax al que ha tenido acceso ‘La Información’.
“De conformidad a lo previsto en la Cláusula 3 de la Opción de Venta, el Fondo manifiesta que desea proceder a la venta de las acciones”, apunta el documento firmado por Nicolás Arenas y David Pereira, gestores del citado fondo. Al año siguiente (octubre de 2017), el juzgado leridano desestimó la demanda con lo que se volvía desbloquear la ejecución de la opción de venta que obligaba a Sapena a pagar 6 millones de euros por el 21,2% del capital. Sin embargo, en enero de 2018, el fundador de Lleidanet apeló dicha sentencia ante el mismo tribunal, que volvió a desestimar su reclamación, dando por válida la opción. En ese momento, el consejero delegado de Lleidanet elevó el caso al Tribunal Supremo con un recurso de casación que ha vuelto a perder ahora. Sin embargo, la opción de venta ha permanecido desde entonces en proceso judicial o sub judice a la espera de un dictamen.
El problema ha surgido ahora porque las partes implicadas en el contrato ya no tienen las acciones y la empresa vale el doble que entonces. El fondo de capital riesgo de Banesto, Enisa y SEPI invirtió 400.000 euros en la compañía en 2008 y mantuvo una participación del 21,2% hasta 2018. En ese momento se disolvió y entregó sus activos a partes iguales a los tres socios herederos: Banco Santander, SEPI y Enisa. Solo las acciones de Lleidanet eran suficientes para dar plusvalías a los partícipes del vehículo financiero. De los tres, solo el último permanece en la capital. Los otros dos tomaron la decisión de vender a partir de octubre de 2020 cuando la cotización de la tecnológica se había disparado más de un 1.000%, hasta 13 euros por acción, antes de su debut en Wall Street en el mercado OTCMarkets.
Banco Santander, a través de su filial Cántabro Catalana de Inversiones, vendió a mercado 580.000 acciones en el último trimestre de 2020 con un beneficio de 3,45 millones de euros, según la memoria de actividad de la sociedad y a comienzos de 2021 terminó liquidando su participación del 7% del capital en Lleidanet al igual que la SEPI, con otro 7%. Ahora Sapena reclama que le vendan esos porcentajes al precio pactado (1,77 euros) en virtud de la vieja opción de venta, aunque esos dos accionistas no tienen los títulos. Desde la entidad financiera consideran que actuaron conforme a derecho al vender sus acciones y dieron por inválido dicho contrato. No hubo respuesta de SEPI y Enisa a la petición de comentarios.
Quien sí se ha pronunciado es Sapena, que ha comenzado a notificar a las partes la obligación de terminar de ejecutar la opción de venta como se registró ante notario en 2016 pese a que esta quedó congelada por el proceso. Tanto Santander como SEPI, herederos del citado fondo, no tienen las acciones pero sí Enisa que será el primero de los antiguos accionistas del fondo conjunto de capital riesgo que tendrá que vender su 7% del capital. Paradójicamente, en caso de no hacerlo, el mayor accionista de Lleidanet se reserva el derecho de reclamar judicialmente su ejecución en contraposición a sus anteriores demandas de 2015 a 2018 en las que reclamaba su bloqueo pero los jueces dictaron varias veces que la opción de venta era válida.
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