Koplowitz, Del Pino, Sandra Ortega... Los señalados de Iglesias por sus 'mariachis'

El programa de Gobierno de coalición que firmaba el PSOE con Unidas Podemos tiene, entre otros muchos puntos, uno que afecta a las sicavs y que contempla establecer un "tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas)". Para realizar este control ya no estará la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que se encargaba hasta ahora, sino que la misión corresponderá al Ministerio de Hacienda. 

Pablo Iglesias busca acabar con los llamados 'mariachis' en ese instrumento financiero, esos pequeños inversores que hacen que una gran fortuna pueda tener dichas sociedades y cumplan con el requisito legal de tener, al menos, 100 accionistas, aunque haya uno que tenga la mayor parte y el resto sea un mero acompañamiento. Una medida que señala, de manera indirecta, a aquellas sicavs en las que solo un inversor posee un porcentaje próximo al 100% y, dentro de las diez más grandes por patrimonio, solo tres no cuentan con ningún accionista significativo que posea un porcentaje superior al 20%. 

Si miramos la posición de los accionistas significativos según los folletos remitidos a la CNMV en el tercer trimestre, se aprecia como la nueva regulación del Gobierno pondrá bajo lupa a fortunas de nuestro país como Alicia Koplowitz, la familia Del Pino, Alberto Palatchi o Sandra Ortega Mera (hija de Amancio Ortega). Exceptuando la sicav Herpresa, del fundador de Pronovias, en todas las demás las participaciones superan el 98% del capital y las cantidades invertidas ronda, como mínimo, los 350 millones de euros. Por su parte, la sicav de Ram Bhavnani cuenta con dos grandes accionistas que tienen, conjuntamente, un 85,15% del capital. 

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Las que pueden estar más tranquilas y no temer por dicha regulación serían las dos grandes sicavs de los March. Torrenova es la única sociedad de inversión de capital variable que supera los 1.000 millones de euros de patrimonio mientras que Cartera Bellver es la tercera, con 432 millones. La no preocupación es por un doble motivo: ningún inversor tiene el citado 20% del capital o más y, en el caso de la primera, la cifra de accionistas supera los 5.000 y en la segunda se sitúa alrededor de los 3.300 inversores. 

El "tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor" que se recoge en el programa de Gobierno de coalición habrá que ver si pasa por aumentar la inversión mínima exigible a los accionistas con el fin de evitar los 'mariachis' o por fijar un porcentaje máximo que puede ostentar un único accionista. El propio PSOE contemplaba en su programa político establecer dicho porcentaje máximo y, por otro lado, fijar un tiempo máximo en el que las plusvalías logradas no tributen. 

El sector siempre ha vivido pendiente de qué sucedería con las sicavs y esperaban cierto cambio en la regulación. De hecho, los cierres han sido constantes durante los últimos años y muchas de ellas optaban por cerrar sus puertas o por transformarse en Sociedades Anónimas o Sociedades Limitadas. La cifra de las que están registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha caído desde las 2.757 que existían en 2018 hasta las 2.631 a cierre de diciembre de 2019, según datos de la consultora VDOS. Por tanto, hemos asistido al cierre, como mínimo, de 126 sicavs durante 2019 aunque la cifra será mayor debido a las que se hayan creado. 

Desde la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), siempre han defendido acabar con la inestabilidad jurídica que ha rodeado a estas sociedades. De hecho, el pasado curso emitían un comunicado en el que destacaban que las sicavs españolas tenían un claro sesgo inversor hacia los activos domésticos, invirtiendo casi un tercio de su patrimonio en activos españoles, cuando el peso de España en los índices mundiales no supera el 2%. Además son gestionadas, custodiadas, asesoradas, auditadas y distribuidas por entidades en su mayoría españolas, cuya actividad, unida a la tributación de sus accionistas, genera unos ingresos fiscales que se estiman en 340 millones de euros anuales. Contribuyen, asimismo, junto con los restantes vehículos de inversión colectiva, a la generación directa e indirecta de más de 30.000 puestos de trabajo de alta cualificación.