Telefónica ha dado una buena noticia a sus accionistas (y una mala a los contribuyentes) con la reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) por la que se ordena a la Agencia Tributaria (AEAT) que devuelva 702 millones de euros al grupo. La operadora que preside José María Álvarez-Pallete quiere más y “está valorando interponer un recurso” porque no se han incluido los intereses de demora. Fuentes oficiales de la compañía se remitieron a lo comunicado a la CNMV hace diez días y no se pronunciaron sobre los plazos o destino de este potencial ingreso fiscal extraordinario.
Sin embargo, la mala noticia es que no servirá para dar alegrías al accionista ni con el dividendo ni en la reducción de la deuda, centro de gravedad de la cotización en bolsa. Según explican a La Información fuentes conocedoras de la estrategia a seguir, la prioridad es reforzar el músculo para afrontar la salida de caja que supondrán la subasta por las frecuencia 5G en Alemania -recién desbloqueada esta semana-, pero también en otros mercados principales para Telefónica como Perú, Chile, Argentina o Brasil.
Telefónica compite en Alemania (10% del Ebitda) con Vodafone, Deutsche Telekom y un ‘challenger’ tecnológico al que temen las operadoras tradicionales: United Internet a través de su filial 1&1 Drilling, también cotizada en bolsa y que está construyendo una red 5G en Alemania con vistas al nuevo escenario de telecomunicaciones. Se trata de una operadora ‘cloud’ (a lo que aspira la teleco española) que es dueña de una de las mayores infraestructuras digitales en Europa. En España compite con Acens (Telefónica) a través de Arsys (adquirida en 2013). La subasta alemana de 5G permanecía bloqueada en los tribunales por las altas exigencias cobertura a la práctica totalidad del territorio con respaldo de fibra óptica, pero seguirá como estaba previsto, según la Agencia Federal de Telecomunicacioness (BNetzA), que prevé repartir 420MHz en pocas semanas.
Un ‘ingreso fiscal’ de hasta 1.000 millones
Como ha publicado La Información, es el mayor fiasco tributario en 27 años y pone en cuarentena la plusmarca de recaudación de 2015 que ostentaba la agencia. Una vez conocida la resolución, y debido al tamaño de la deuda tributaria, es hora de sentarse a negociar entre ambas partes, sobre todo, por la posición beligerante de Telefónica: no es suficiente con los 702 millones de euros sino que reclama los intereses de demora. De este modo, la cifra puede escalar hasta un 50% o varios cientos de millones de euros y superar los 1.000 millones, según fuentes financieras. Fuentes de Telefónica declinaron pronunciarse cuándo se prevé ese cobro o sobre las cifras que finalmente se reclaman.
No obstante, el interés legal del dinero se ha situado entre el 4% (2009 a 2014) y 3% (2015 a 2018), mientras que el interés de demora para efectos tributarios ha variado del 5% al 3,75% durante la última década. La forma de cobro será otra de las cuestiones en dilucidar: no se espera un ingreso inmediato pero sí otras fórmulas como créditos fiscales que rebajar futuras facturas de la operadora con Hacienda.
Claro que siempre queda la opción de que Telefónica renuncie a esos emolumentos, pero no está el horno para bollos. En primer lugar, la deuda financiera de la operadora sigue pesando como una losa para las cuentas del grupo y su evolución en bolsa, que sigue encallada bajo la barrera de los 40.000 millones de euros. En segundo término, la sostenibilidad del dividendo de 2.050 millones de euros anuales es otra prioridad. Seguirá igual en 2019 que en 2018 (0,4 euros por acción), después de reducirse alrededor de un 44% desde los cerca de 3.700 millones que desembolsó con cargo a 2016.
Según los datos de la compañía, al cierre de 2018, la deuda financiera neta ascendía a 41.785 millones de euros (-5,5% interanual frente a los 44.230 en 2017) y la deuda financiera bruta a 54.702 millones de euros (-1,8% frente a los 55.746 en 2017). La primera incluye el valor de la caja e inversiones financieras a corto plazo. La segunda, la realidad. Telefónica se aventuró a adelantar una cifra proforma (40.400 millones) de la deuda neta una vez se ejecuten las ventas de su filial de seguros Antares (a Catala Occidente) y la desinversión de sus filiales centroamericanas en Guatemala y El Salvador (Slim); y Panamá, Costa Rica y Nicaragua (Millicom). “No estamos haciendo ninguna desinversión con el único propósito de simplemente reducir la deuda. Necesita tener sentido financiero”, dijo Álvarez-Pallete a los analistas tras los resultados anuales del pasado 21 de febrero.
Sin embargo, la verdadera medida del problema viene al compararse dicha métrica con su capacidad de hacer negocio con su negocio: el Ebitda (resultado bruto de explotación). La relación entre la nacionalidad del negocio y de su deuda sigue siendo uno de los factores de incertidumbre para la operadora. De lo que debe, un 80% está denominado en euros, un 10% en libras y el 10% restante en divisas latinoamericanas. Sin embargo, las fuentes de ingresos de las que bebe Telefónica no están repartidas en la misma proporción.
“En 2018, el efecto divisa tuvo un impacto negativo de 4.300 millones de euros en términos de ingresos, 1.500 millones en OIBDA, mientras que el impacto negativo se redujo significativamente a 500 millones sobre flujo de caja libre. En cuanto a la deuda neta, el efecto fue contrario y el efecto divisa redujo la deuda neta en 200 millones”, según explicó la directora financiera, Laura Abasolo, a finales de febrero a los analistas. Latinoamérica, incluyendo Brasil, representa alrededor de un 40% del Ebitda (resultado bruto de explotación); un 13% procedía del Reino Unido y un 48% de la zona euro, incluyendo aquí el 10% que representa Alemania para el grupo y su próximo caballo de batalla en la próxima generación de subastas del grupo.
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