Se avecinan curvas, o lo que es lo mismo, una batalla más cruenta en lo fiscal entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo Central. La mayoría obtenida por el PP en las elecciones autonómicas da más fuerza a Isabel Díaz Ayuso para sacar adelante una rebaja fiscal que la ha enfrentado ya de forma abierta con el Ministerio que encabeza María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda anunció recientemente la creación de un grupo de expertos para sentar las bases de la futura reforma fiscal, con un objetivo muy claro: atajar los agravios comparativos entre comunidades -el conocido como 'dumping fiscal'-, un mensaje que la también portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez viene haciendo suyo desde su etapa como consejera del ramo en Andalucía. Solo hay que recordar sus intervenciones contra su antecesor, Cristóbal Montoto, dando la batalla por este asunto.
Montero es partidaria en concreto de armonizar los impuestos sobre Patrimonio y Sucesiones, que en el caso de la Comunidad de Madrid están bonificados al 100 y al 99%, respectivamente. El problema es que Ayuso no está dispuesta a pasar por ese aro fiscal, menos tras este resultado y cuando puede lograr el apoyo de otros gobiernos autonómicos. Así, ha contraatacado con el anuncio de una rebaja del tipo máximo del tramo autonómico del IRPF, que en el caso de Madrid es ya el más bajo de España. Pero también, con incentivar que las empresas elijan la región como sede fiscal e incluso en el ámbito de la vivienda, entre otros.
El Gobierno Central no quiere un enfrentamiento abierto con Madrid en un momento como éste en el que España está pendiente de empezar a recibir los 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo de reconstrucción europeo, Next Generation, máxime cuando Bruselas va a poner su lupa en cada medida o gesto económico que salga de nuestro país.
