Ir a un centro comercial y hacer la compra mientras tu vehículo eléctrico se carga a un precio mucho más económico que lo que cuesta repostar en una gasolinera, o dormir en un hotel y al despertar tener la batería del coche totalmente cargada. Algo que a día de hoy es casi una quimera, será una realidad a corto plazo. El Gobierno va a aprobar en los próximos días una reforma de la figura del gestor de carga, tal y como venían reclamando los fabricantes que impulsan el coche eléctrico desde hace tiempo. Esto significará que los hoteles, centros comerciales como Ikea, El Corte Inglés y Lidl, o cualquier otra compañía, puedan ofrecer una red de puntos de carga en sus aparcamientos o zonas reservadas para ello.
España es uno de los países de la Unión Europea que va con más retraso en cuanto a la movilidad eléctrica. En 2017, el porcentaje de coche eléctricos que se venden cada mes supone apenas el 0,3% del mercado, cuota que crece hasta el 5% si se le suma la tecnología híbrida. Por ello, el sistema necesita algo más que una simple ayuda a la adquisición de vehículos o la reducción del IVA, algo que se negocia actualmente en Bruselas y va por buen camino.
El Consejo del IDAE, ente adscrito al Ministerio de Energía, va a aprobar el nuevo plan Promovea que contará con un presupuesto total de 50 millones de euros: 20 para la compra de vehículos con sistemas de propulsión alternativos y 30 millones para impulsar la infraestructura de recarga y la I+D+i. Y lo hacen con la promesa de darle “continuidad en el tiempo por la demanda de los usuarios y del sector”, según aseguró recientemente Daniel Navia, secretario de Estado de Energía,
Reparto de las ayudas
De esta segunda partida, 15 millones estarán destinados a subvencionar puntos de recarga, además de en la vía pública como hasta la fecha, también para uso privado no residencial, como en centros comerciales, hoteles, parkings privados o en empresas que quieran ofrecérselos a sus trabajadores. Todo a través de la citada anteriormente reforma del gestor de recarga.
"Con una declaración responsable, cualquier entidad podrá iniciar la actividad como gestor de carga"
Para poder proporcionar cargadores en sus instalaciones, la normativa actual obliga a que conste expresamente en el objeto social de la empresa una exigencia que va a quedar suprimida. Como impulso a las infraestructuras, las compañías “no tendrán que modificar los estatutos para poner expresamente que se dedican a ello”. Esto era “una barrera regulatoria para las empresas cuya actividad principal no era la energética”, destaca Daniel Navia. A partir de ahora, "con una declaración responsable, cualquier entidad podrá iniciar la actividad como gestor de carga".
Porque a día de hoy, uno de los principales motivos por los que los españoles no compran su vehículo nuevo es la falta de puntos de recarga. Si bien compañías como Nissan instalan cargadores de forma gratuita en los garajes de las casas o edificios, los usuarios se encuentran con problemas para llenar sus baterías en carretera. El cambio de normativa supondrá "un efecto psicológico, porque los clientes, hasta que no haya puntos de recarga, no se animarán a comprar el vehículo eléctrico”, destaca Navia.
El Corte Inglés ya ofrece actualmente un pequeño número de cargadores eléctricos en un puñado de centros (Madrid, Barcelona y Bilbao) tras firmar acuerdos con Tesla o BMW. Con la nueva normativa, podrá ampliar su oferta para facilitar el acceso a sus clientes.
Entre otras medidas y para facilitar la oferta, también se suprimirá la obligación de tener un contrato diferenciado en cada punto de recarga, los requisitos de medida o las obligaciones de remisión de información periódica. Incluso, el Ministerio contempla la posibilidad de que haya un “gestor representante” de las empresas para que un “tercero realice por ellas, todas las obligaciones técnicas asociadas a la gestión de carga y que tengan cobertura legal”.
Además, los últimos 15 millones del plan Promovea irán destinados a la infraestructura industrial del vehículo eléctrico. En este sentido El IDAE participará en proyectos con viabilidad empresarial que necesiten apoyo del sector público. Un paso más hacia la movilidad del futuro.
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