La Fiscalía Nacional de Chile confirmó este sábado que contabiliza más de 20.000 imputaciones por diversos delitos desde el inicio del estallido social en el país, el pasado 18 de octubre, que ya ha dejado al menos 23 fallecidos, cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado. Sin embargo, la cifra de personas que pasaron por audiencias de control de detención -fase posterior a la detención y previa a la imputación- alcanzó las 30.102, de las que 20.217 acabaron siendo formalizadas.
Si se apunta a la localización geográfica de los ilícitos, la mayor cantidad se registraron en la región Metropolitana, a la que pertenece Santiago de Chile, la de Valparaíso y la del Biobío, a la que pertenece Concepción (sur), tres zonas donde se concentró en casi un mes medio de transcurrida la protesta la mayoría de manifestaciones.
La Fiscalía ha abierto 2.670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran lesiones por armas de fuego, torturas, violencia sexual y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otras cosas han provocado más de 200 lesionados oculares.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) señalaron directamente la represión llevada a cabo por agentes de Carabineros como la situación más preocupante para los derechos humanos durante las protestas. La crisis social cumplió este viernes seis semanas y no hay visos de una pronta resolución.
Las marchas, que comenzaron siendo multitudinarias y en las que se reclaman una mayor redistribución de la riqueza y servicios básicos gratuitos, han ido perdiendo fuerza con el paso de los días, aunque sigue existiendo descontento en las calles y episodios de violencia con saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público.
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