La sombra de un 'Brexit duro' se cierne cada vez más sobre Reino Unido, después de que Boris Johnson haya conseguido el refrendo de la reina Isabel II a su plan para suspender el Parlamento británico y evitar así que los diputados puedan tumbar en la Cámara su estrategia de retirada de la UE, con o sin acuerdo con Bruselas. Una situación que, de llevarse a cabo el próximo 31 de octubre, podría suponer un auténtico desastre para millones de europeos que residen actualmente en el país.
En concreto, según los datos que maneja el Gobierno británico, quienes peor lo tienen son alrededor de 1,35 millones de europeos (el 42% del total) que residen en Reino Unido y que, a día de hoy, no tienen asegurado el derecho de arraigo tras un eventual Brexit 'duro'. Se trata de un importante aumento en la proporción de ciudadanos de la UE que no se considera que hayan demostrado que pueden quedarse en el país, bien por parentesco, filiación o relación conyugal, bien por llevar un tiempo trabajando en Reino Unido.
El método para que los europeos soliciten el derecho de arraigo tras el Brexit se basa en el denominado 'status scheme' (esquema de estatus), establecido el pasado marzo para determinar qué ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido tienen derecho permanente a vivir en el país. Un derecho que Boris Johnson ha prometido respetar para los ciudadanos comunitarios, incluso durante su primer discurso en la Cámara de los Comunes como primer ministro: "[Los ciudadanos de la UE] pueden tener una certeza absoluta de su derecho a vivir y permanecer aquí [...]. Repito inequívocamente nuestra garantía a los 3,2 millones de ciudadanos de la UE que ahora viven y trabajan entre nosotros".
Sin embargo, desde que comenzó a estar operativo el 'status scheme' hace medio año, la proporción de ciudadanos europeos que no tienen asegurado el derecho de residencia permanente en Reino Unido ha pasado desde el 32% en marzo hasta el 42% el pasado mes de julio. Un salto de 10 puntos que no está del todo clara y que los activistas antiBrexit atribuyen desde al fallo humano (presionar el botón incorrecto) hasta a un sistema defectuoso diseñado para favorecer la no concesión del derecho de arraigo.
¿Adiós al espacio Schengen?
Sea como fuere, el futuro de los más de tres millones de europeos que residen actualmente en Reino Unido pende de un hilo. La semana pasada, el Gobierno británico advertía que la actual normativa que permite a los ciudadanos comunitarios vivir y trabajar libremente en Reino Unido "terminará" en el caso de que la retirada de la Unión Europea se ejecute sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Una amenaza de acabar con el espacio Schengen en Reino Unido que se enmarca dentro de las tensas negociaciones con Bruselas para alcanzar una retirada negociada del bloque comunitario.
Por si fuera poco, una portavoz del Ejecutivo de Boris Johnson aclaraba poco después del anuncio que, si se llega a una situación de un Brexit sin acuerdo, se introducirán nuevas leyes "más duras" para aplicar a aquellas personas que vengan a Reino Unido. De hecho, uno de los objetivos del Gobierno es implementar un sistema de puntos de ciudadanía similar al empleado por Australia para controlar la inmigración y que, entre otras cosas, discrimina por edad (los mayores de 45 años tienen 0 puntos) o por nivel de estudios.
Actualmente, el principio de libre circulación explicitado en el Tratado de Schengen posibilita a los ciudadanos de la UE residir y trabajar en cualquier otro país del bloque comunitario. Y precisamente Reino Unido es uno de los principales destinos de numerosos europeos que han escogido cambiar de residencia desde que la libre circulación en la UE está en vigor. De hecho, el país acoge actualmente a aproximadamente 3,2 millones de ciudadanos de otros países comunitarios.
Por eso, el movimiento ciudadano '3 million', que pretende preservar los derechos de libre circulación de los ciudadanos europeos tras el Brexit, daba la semana pasada la voz de alarma tras conocerse que el ministro del Interior, Priti Patel, tiene la intención de imponer nuevas restricciones fronterizas durante la noche del 31 de octubre si Reino Unido abandona la UE sin un acuerdo, a pesar de que un documento interno Gobierno ya ha advertido que hacerlo podría desatar el pánico y el caos entre la población.
En ese documento también se detalla un plan alternativo para mantener la libre circulación hasta enero de 2021 y para permitir que los inmigrantes de la UE que hayan llegado a Reino Unido, mientras tanto, soliciten la ciudadanía bajo las leyes existentes. Sin embargo, 'The Times' citaba poco después a fuentes del Ministerio del Interior, las cuales explicaban que el documento no refleja el pensamiento del Gobierno y que la libre circulación para los ciudadanos de los países de la UE terminaría "el 31 de octubre si nos vamos sin un acuerdo".
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