Estos operativos, "resultado de las reuniones celebradas en las últimas semanas entre representantes del Gobierno y las FARC", tienen como objetivo sacar a niños y adolescentes de las zonas donde se han concentrado los guerrilleros para completar su paso a la vida civil.
"Se tratará de varias operaciones en distintos puntos del país y en ellas participarán varias organizaciones sociales a fin de preparar a los menores para su traslado y el proceso de reincorporación posterior", ha indicado el CICR.
Personal médico del CICR "se encargará de verificar que el estado de salud de los adolescentes sea adecuado para su traslado" a los lugares de acogida, donde serán recibidos por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Una vez allí, "se realizará el diagnóstico y la revisión de su situación, y se les proporcionará información sobre el programa (de reinserción), con el debido acompañamiento y teniendo en cuenta siempre el interés superior de los menores", según el protocolo pactado.
Los menores desmovilizados se incorporarán a Camino Diferencial de Vida, "un programa integral" para garantizar que los menores de las FARC inician "las fases de restablecimiento de derechos, reparación, reincorporación e inclusión social".
El CICR ha precisado en su comunicado que, de ser necesario, también ofrecerá ayuda a los menores para restablecer el contacto con sus familiares", tras lo cual "podrán seguir adelante con el proceso de reincorporación".
"A pesar del comprensible interés mostrado por la sociedad colombiana y por los medios de comunicación, el CICR pide encarecidamente que se respeten las medidas tomadas para preservar la identidad de los menores", ha reclamado el CICR.
UN PROCESO COMPLEJO
El Gobierno y las FARC anunciaron el 15 de mayo de 2016 un acuerdo para "la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC y la elaboración de una 'hoja de ruta' para la salida de todos los demás y un programa integral especial para su atención".
De forma inmediata las FARC liberaron a 13 menores pero desde entonces el proceso había quedado paralizado, lo que llevó a los congresistas a amenazar el pasado enero con frenar la implementación de los textos de La Habana si no había avances.
El Congreso está debatiendo en estos momentos la ley para hacer realidad la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional que se aplicará a los responsables de los crímenes cometidos durante la guerra, excepto a los autores de crímenes internacionales.
La JEP contiene importantes ventajas penales para los guerrilleros y agentes del Estado implicados en dichos hechos. En función de la verdad que aporten sobre estos crímenes podrán pasar entre cinco y 20 años de privación de libertad o sanciones de otra naturaleza.
En este contexto, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), órgano creado por los acuerdos de paz, anunció que estos niños abandonarían las FARC una vez que los guerrilleros hubieran ingresado en las zonas de concentración, un proceso que completaron con éxito en febrero.
Tras ello, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, anunció que la guerrilla se había comprometido con las autoridades colombianas a que todos los menores serían liberados antes del 1 de abril, plazo que aún se mantiene.
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