Los congresistas partidarios en la Cámara de Representantes del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aprobaron reducir este martes el presupuesto para 2018 de la Comisión de Derechos Humanos a 1.000 pesos (19,6 dólares o 16,4 euros), una medida muy criticada.
El montante definitivo que se destine a esta comisión dependerá de que la Cámara Baja llegue a un acuerdo con el Senado, instancia que aprobó el lunes un presupuesto de 678 millones de pesos (13,3 millones de dólares o 11,1 millones de euros).
La decisión de la Cámara de Representantes, pasada el martes por 119 votos a favor y 32 en contra, se atribuye a un castigo del presidente del país, Rodrigo Duterte, a este comité por criticar su campaña contra las drogas, en la que ha habido al menos 7.000 muertos."¿Es eso lo que valen los DDHH?"
"¿Es eso lo que valen los derechos humanos para nuestro Gobierno? ¿Mil pesos? Es un insulto", declaró hoy Leah Armamento, de la Comisión de Derechos Humanos, a la cadena de televisión ABS-CBN.
"Esta es la decisión más estúpida y vergonzosa que (el Congreso) ha hecho nunca", opinó el obispo Arturo Bastes en declaraciones a Radyo Veritas, y añadió que además vulnera la promesa de la Constitución de amparar los derechos fundamentales.
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La Iglesia católica en Filipinas, muy influyente en el país, ha sido otro de los grandes críticos de la "guerra" contra el narcotráfico.
El presidente de la minoría en el Senado, Franklin Drilon, señaló hoy que la decisión de la Cámara Baja es "impropia" y advirtió de que no prosperará.
El supuesto "castigo" de Duterte a la Comisión de Derechos Humanos también ha recibido las críticas de grupos como Human Rights Watch (HRW).
"El voto mayoritario de la Casa de Representantes forma parte de la administración de Duterte de impedir que instituciones independientes investiguen (los abusos), particularmente en el contexto de la brutal guerra contra las drogas que ha reclamado las vidas de miles, entre ellos docenas de menores", dijo el subdirector para Asia de HRW, Phelim Kine.
La campaña contra las drogas es una promesa electoral de Duterte y comenzó el mismo día de su investidura, el 30 de junio de 2016.
El último escándalo en este contexto son las recientes muertes vinculadas con distintas operaciones policiales contra la droga de Reynaldo de Guzman, de 14 años, y Kian delos Santos y Carl Dicang, ambos de 17.
"¡Parad la muertes! ¡Acabad con la impunidad!", reclamó el lunes el Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas.
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