La organización ha señalado que los rebeldes huthis, así como el resto de las fuerzas leales al expresidente yemení Alí Abdulá Salé, las fuerzas gubernamentales y las fuerzas respaldadas por Emiratos Árabes Unidos, deben liberar a aquellas personas que han sido detenidas de forma ilegal y asegurarse de que los arrestados tienen acceso a un abogado y pueden ser visitados por sus familiares.
"Las partes enfrentadas en Yemen tienen obligaciones legales que deben cumplir. Deben hacer lo correcto y liberar durante el mes de Ramadán a aquellos que han sido detenidos de forma arbitraria", ha indicado la directora de la ONG para Oriente Próximo, Sarah Leah Whitson.
"Además, deben informar a los familiares de los detenidos sobre dónde y por qué han sido arrestados", ha manifestado Whitson, que ha indicado que es común otorgar el indulto a los prisioneros durante el Ramadán en países de mayoría musulmana.
La organización ha denunciado las continuas detenciones ilegales que se han producido tanto por parte de las fuerzas progubernamentales como por parte de los huthis en el sur y el este del país.
En mayo de 2016, el Gobierno del presdidente Abdo Rabbu Mansur Hadi, llegó a un acuerdo con las fuerzas leales a Salé para llevar a cabo un intercambio de prisioneros antes del inicio del Ramadán. El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Ismail Ould Cheij Ahmed, anunció que había recibido varias listas con los nombres de cerca de 6.500 presos --2.630 por parte del Gobierno y unos 3.700 por parte de los huthis--.
Según ha señalado HRW en un comunicado, a lo largo de 2017 se han registrado al menos 65 casos en los que se ha producido una detención ilegal, lo que incluye la muerte de dos personas bajo custodia y once casos de tortura o maltrato.
Las detenciones podrían estar relacionadas con la presunta vinculación de los arrestados con el partido islamista Al Islah o la comunidad bahaí, lo que ha sido considerado por la ONU como "actos de persecución".
Las autoridades yemeníes han alertado de que existen numerosos centros de detención ilegales, así como varias prisiones secretas en Adén y en la gobernación de Hadramawt, en el este de Yemen.
"La guerra no justifica la tortura ni la desaparición de posibles enemigos", ha afirmado Whitson. "Las partes enfrentadas en Yemen podrían ser juzgadas por estos actos si no toman las medidas pertinentes a la hora de llevar a cabo las detenciones", ha añadido.
El conflicto entre el Gobierno de Hadi --apoyado por la coalición que encabeza Arabia Saudí-- y los huthis, que cuentan con el respaldo de Irán y junto a los que combaten las tropas leales al expresidente Alí Abdulá Salé, ha causado estragos en el país.
A mediados de enero, el coordinador humanitario de Naciones Unidas para Yemen, Jamie McGoldrick, cifró en 10.000 el número de civiles muertos a causa del conflicto en el país, agregando que otros 40.000 civiles han resultado heridos.
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