HRW denuncia la impunidad de los ataques a civiles en República Centroafricana

  • Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este miércoles la impunidad de los ataques a civiles registrados en el marco de la violencia que sufre República Centroafricana (RCA), donde más de 560 civiles han muerto y al menos 4.200 hogares han sido destruidos desde 2014.
EUROPA PRESS

"En los últimos dos años, cientos de testigos nos han hablado sobre los crímenes de guerra cometidos por Séléka y los combatientes anti-balaka en el centro y el este de República Centroafricana", ha asegurado el investigador para África de HRW, Lewis Mudge. "La falta de justicia por estos crímenes ha permitido que los combatientes sean libres de aterrorizar a los civiles y ha aumentado los ataques de venganza", ha añadido.

La violencia de los grupos armados ha llevado a cientos de personas a huir de sus hogares en República Centroafricana y establecerse en la selva, donde muchos mueren por enfermedades y hambre, según ha señalado la organización.

Este tipo de crímenes están bajo la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) y el Tribunal Especial Criminal, un nuevo órgano judicial que investigará y procesará las violaciones graves de Derechos Humanos, así como los crímenes de guerra cometidos en el país desde 2003.

Según HRW, el Tribunal Especial Criminal ofrece una oportunidad sin precedentes para promover la justicia, pero requiere un apoyo financiero y político por parte del Gobierno y de sus seguidores internacionales, especialmente Naciones Unidas.

"El Tribunal Especial Criminal no es la respuesta para todos los problemas de República Centroafricana, pero mostrará a los grupos armados que no pueden matar a más civiles sin consecuencias", ha advertido Mudge. "Los juicios justos y creíbles fomentarán el respeto a la ley", ha añadido.

Matar a civiles y arrasar aldeas han sido las principales tácticas de combate de la coalición rebelde centroafricana Séléka y de los grupos anti-balaka, según ha asegurado HRW.

En junio, el Gobierno de RCA firmó un "acuerdo político para la paz" con trece de los catorce principales grupos armados del país, que contempla un alto el fuego y la desmovilización de los insurgentes y que ha sido resultado de la mediación de la Comunidad de Sant'Egidio.

Los firmantes, entre los que hay antiguos grupos de la coalición rebelde Séléka, principalmente musulmanes, y de 'anti-balaka', predominantemente cristianos, se comprometieron a un alto el fuego inmediato por parte de los "grupos político-militares" en todo el país "bajo control de la comunidad internacional".

Entre otros puntos, Gobierno y grupos armados se comprometieron a garantizar "la libre circulación de las ONG nacionales e internacionales y a la protección de los trabajadores humanitarios". RCA se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los trabajadores humanitarios, con frecuentes ataques contra su labor.

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