Se agrava la crisis en Bolivia con la muerte de al menos nueve manifestantes

  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cifra en 23 los fallecidos desde el inicio de las protestas tras las elecciones del pasado octubre.
Ciudadanos rodean los féretros de varios de los fallecidos tras los disturbios con las fuerzas del orden
Ciudadanos rodean los féretros de varios de los fallecidos tras los disturbios con las fuerzas del orden
EFE

Nueve personas han muerto este sábado en una jornada de protestas en Cochabamba, en Bolivia. Los graves disturbios que han provocado estas muertes agravan aún más la crisis en la que está sumida Bolivia desde el pasado octubre, cuando se celebraron las elecciones. Tras la salida de Evo Morales del país, los políticos tratan de avanzar hacia unos nuevos comicios para solucionar la crisis. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado este domingo que al menos 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas desde el inicio de la crisis en Bolivia con las elecciones del pasado 20 de octubre. 

"Desde ayer son nueve fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la Policía y las Fuerzas Armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política", ha indicado el organismo en su cuenta de Twitter.

Los féretros de algunos de los fallecidos comenzaron este sábado a llegar a Cochabamba, capital de la región homónima, la más castigada por la violencia desatada y que continúa pese a la renuncia de Morales. Los ataúdes de cinco de los muertos en los trágicos disturbios del viernes fueron recibidos con gritos clamando justicia frente al Instituto de Investigaciones Forenses en Cochabamba, en el centro del país.

Familiares y amigos insistieron en las denuncias sobre una dura intervención de policías y militares el día anterior, cuando una marcha de cocaleros afines a su líder Evo Morales intentaba entrar en Cochabamba. "Acaso somos perros", se preguntaban, para denunciar ante las cámaras que "no pueden matar de esta manera".

El Gobierno interino de Jeanine Áñez mantiene que no está claro que los disparos mortales fueran de policías y militares, que desde el lunes pasado patrullan conjuntamente para intentar mantener el orden tras el caos en que se sumió Bolivia con la salida de Morales ese día camino de su asilo en México. Un equipo de forenses enviado por la Fiscalía investiga las muertes en los disturbios más graves desde las elecciones, con más de un centenar de heridos y cerca de doscientos detenidos.

La CIDH critica el "uso desproporcionado" de la fuerza policial

La CIDH ha expresado repetidamente su preocupación por las acciones de las fuerzas de seguridad bolivianas en el marco de las protestas que se suceden en el país. Así, ha criticado el "uso desproporcionado" de la fuerza policial y militar y el uso de armas de fuego que, a su juicio, "deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales".

Además, ha especificado que los estándares interamericanos establecen que debe limitarse "al máximo" la presencia de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios y que el gas lacrimónego atenta "gravemente" contra los estándares jurídicos internacionales.

La crisis política en Bolivia estalló tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre. Morales proclamó su victoria mientras que la oposición denunció un "fraude gigantesco". La auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha confirmado "irregularidades".

Morales dimitió el domingo y el martes llegó a México en calidad de asilado político. Áñez se ha proclamado mandataria interina para evitar el vacío de poder dejado por la renuncia del líder indígena y otros altos cargos, asegurando que su objetivo es celebrar nuevas elecciones.

A la dimisión de Morales se sumaron las de otros altos cargos, entre ellos los llamados a sustituirle conforme a la línea sucesoria trazada por la Constitución, por lo que Jeanine Áñez, en calidad de vicepresidenta segunda del Senado, asumió las riendas del país.

Áñez ha prometido que se mantendrá en el poder sólo el tiempo que sea necesario para celebrar nuevas elecciones presidenciales, si bien ha aclarado que Morales no podrá competir en ellas, haciendo valer así el resultado del referéndum de 2017, que fue revertido por el Tribunal Constitucional. Morales y sus seguidores han calificado lo ocurrido de "golpe de Estado".

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