(Caracas, Venezuela). El Gobierno de Hugo Chávez ha expropiado 900 fincas desde 2003 y sólo el 5 por ciento de los afectados ha recibido una indemnización, según la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela.
El Gobierno ha intervenido tierras en plena producción por más de 2,5 millones de hectáreas. En 1998 Venezuela importaba el 1 por ciento de su consumo de carne, y ahora el 59 por ciento de las reses que se consumen en el país llegan del exterior. Y otra realidad: el 98% del financiamiento agrícola lo hace el sector privado, ante un escaso 2 por ciento del Estado.
El campo criollo es obra de emigrantes. Llegaron de Portugal, Italia, España… y de aquí, casi su totalidad de las Islas Canarias. Agroisleña es la última empresa de estos inmigrantes que ha sufrido una expropiación.
En el mes de agosto un suceso conmovió a gran parte del país, cuando el productor agrícola venezolano Franklin Brito, de 49 años, moría en medio de una de las varias huelgas de hambre realizadas desde 2003, intentado que el Ejecutivo le devolviera las tierras usurpadas. El caso Brito despertó conciencias y puso al descubierto la problemática de las expropiaciones.
Huelga de hambreindefinida
"Chávez arrebata nuestras propiedades y no las paga conforme a Constitución", es la expresión de quienes se han visto despojados sus pertenencias.Varios agricultores de procedencia española están padeciendo esa situación, llevando a 3 de ellos a una huelga de hambre que ha entrado ya en la segunda semana.
El lugar elegido para denotar su protesta los hermanos Carlos y Luis Solórzano, hijos de madre canaria y de Antonio Agüera, nacido en Almería y venido a Venezuela con 13 años de edad, ha sido el acceso al Consulado de España en Caracas. Ahí quieren estar hasta que el Gobierno venezolano les pague el valor de sus fincas expropiadas en 2005 y 2008 respectivamente."Mantendremos la huelga indefinida hasta que el cuerpo aguante y Dios nos dé fuerzas", asegura Luis Solórzano ante el Consulado.
La situación de estas familias es la misma que la de muchas otras a lo largo y ancho del país: promesas no cumplidas por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), y unas indemnizaciones que apenas cubren el 10 por ciento del valor invertido en las propiedades.
El hato (finca) de los Solórzano –ocho hermanos- llamado "La Vaca", se levanta en el central estado Guárico y en él se criaba ganado vacuno, algunos caballos, cultivo de fruta y siembra de arroz y maíz.
Antonio Agüera despojado de 255 hectáreas en su finca "Los Sauces", en el estado Yaracuy, comenta apesadumbrado: "A estas alturas del problema, y sin una solución a la vista, considero que ésta alternativa [la huelga de hambre] es la única posible".
Los 3 coinciden: "Entendemos que en Venezuela hay una guerra para eliminar el latifundio, pero no para robar a los latifundistas, algo totalmente diferente".
Lo que dice la ley
El cónsul de España en Venezuela, Aníbal Jiménez Abascal, les visita cada día, informándoles de las gestiones realizadas ante el Gobierno venezolano.
A tenor de la Ley de Ordenamiento Territorial, no se garantizan las indemnizaciones de las tierras expropiadas de producirse este tipo de decisión por parte del Estado.Específicamente, el artículo 5 resalta que la indemnización sólo podrá ser reclamada en los casos de limitaciones de tal magnitud que desnaturalicen las facultades del derecho de propiedad, siempre y cuando se produzcan "un daño cierto, efectivo, actual, individualizado y cuantificable económicamente".
El agricultor Antonio Agüera y los hermanos Carlos y Luis Solórzano, reiteran estar en el marco que establece esta Ley y no piensan moverse de las puertas del Consulado español hasta que les den una solución.
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