Impacto sobre grandes corporaciones

De Siemens Gamesa a Enel: la guerra del Sáhara atrapa a la gran empresa de la UE

La reivindicación histórica del derecho de autodeterminación del Polisario choca con los intereses marroquíes en una zona que no es precisamente un desierto económico que ahora sufre un nuevo parón.

Varios militares del Ejército marroquí antes de su despliegue en la zona de conflicto.
Varios militares del Ejército marroquí antes de su despliegue en la zona de conflicto.
EFE

La situación en el Sahara Occidental ha estallado. Los más de 45 años que el pueblo saharaui lleva esperando para encontrar una solución al hacinamiento de miles de personas en los campos de refugiados de Awserd, Smara y Dhala parecen haber encendido, por fin, las alarmas en gran parte de las cancillerías occidentales. 

La reivindicación histórica del derecho de autodeterminación del Polisario choca con los intereses marroquíes en una zona que no es precisamente un desierto económico. Grandes corporaciones internacionales están presentes en la explotación económica de esta tierra que, ahora, está sufriendo un parón debido a la escalada de tensión entre los contendientes. 

Según el Western Sahara Resource Watch (WSRW), al menos siete empresas cotizadas en diferentes bolsas del mundo tienen una ‘participación especialmente grave’ en la zona. Compañías irlandesas a través de OCP y San Leon Energy PLC, la china Sinofert Holdings, Coromandel International de India y la canadiense Nutrien LTD aparecen en este ranking, que ordena en tres niveles de gravedad las consecuencias negativas de su presencia, del observatorio que investiga a las empresas y gobiernos que trabajan por "los intereses marroquíes en el Sahara Occidental ocupado"

Dentro del top 5 de este particular indicador aparece Siemens Gamesa. En 2012 la matriz alemana anunció que había conseguido hacerse con varias licitaciones del gobierno marroquí para la construcción de parques eólicos en el Sáhara Occidental ocupado. 

El órgano adjudicatario y responsable de la adjudicación fue la Agencia Nacional de Electricidad de Marruecos (ONEE). Para el desarrollo y explotación de este contrato, NAREVA, la compañía eólica marroquí y a la que WSRW acusa de ser propiedad de un holding del Rey de Marruecos, destinó gran parte de sus recursos para la construcción del que presume ser uno de los complejos energéticos más estratégicos del norte de África. 

Realmente, si hay un proyecto que ha estado envuelto en la polémica desde 2013 ese es el del parque eólico de Foum el Oued. En la actualidad 22 aerogeneradores de Siemens se alzan en esta región cercana al El Aaiún, con una potencia nominal total de 50 MW. Su importancia no radica tanto en su capacidad sino en la energía que proporciona, casi en exclusiva, a la mina de fosfato de Phosboucraa. Gracias a ello, la producción de fosfato saharaui permite al reino alauita situarse como una potencia mundial, en cuanto a la extracción y comercialización de este compuesto químico en el mercado internacional. 

Las advertencias del WSRW sobre la actividad de Siemens Gamesa han traspasado las conflictivas arenas del desierto saharaui y se han dirigido al Parlamento Europeo. El pasado 13 de noviembre, a las puertas de los enfrentamientos directos entre fuerzas del Polisario y el Ejército marroquí, 19 miembros del Parlamento Europeo instaron a la Unión Europea a dar un ‘toque de atención’ a Siemens y Enel por "los grandes riesgos legales y morales de hacer negocios con un ocupante ilegal". 

En un artículo publicado en el EU Observer, los eurodiputados de múltiples partidos europeos advertían que "desde la retirada de Mauritania en 1979, Marruecos sigue siendo hasta la fecha la única fuerza de ocupación en el Sahara Occidental, residiendo la responsabilidad legal en el Reino de España, mientras que, para las Naciones Unidas, el Sahara Occidental sigue figurando como un territorio no autónomo en espera de descolonización". 

La advertencia realizada, tanto a Enel como a Siemens, se enmarca dentro de un contexto de explotación abusiva de los recursos naturales de la zona, un hecho que los miembros del Parlamento Europeo se encargan de reflejar señalando que "los bienes producidos en los Territorios Ocupados Saharauis deben dejar de ingresar al mercado europeo como certificado y producido en Marruecos contra el consentimiento del pueblo saharaui".

Es precisamente el consentimiento el elemento en disputa entre las autoridades oficiales marroquíes, las oficiosas saharauis y Siemens Gamesa, ya que, hasta la fecha, no existe ninguna autoridad, gobierno o entidad reconocida con capacidad para determinar la concesión o no de un contrato en el Sahara ocupado, más allá de la realizada por el reino marroquí.

La actividad empresarial europea en la zona no se limita únicamente a Siemens Gamesa. En un orden distinto con respecto a su participación, las alemanas Continental, HeilderbergCement, DHL y las francesas BNP Paribas, Sociètè Générale, Credit Agricole, Veolia, Engie y Alstom aparecen señaladas por WSRW como "seriamente involucradas" en las "negativas consecuencias" de la legitimación tácita que supone su presencia en la zona y que favorece los intereses y reivindicaciones de Marruecos.

El futuro desarrollo de los acontecimientos hace prever que el foco político se desplace y afecte también a las pesquerías europeas, principalmente españolas, que a través del acuerdo pesquero con Marruecos suelen ‘frecuentar’ los bancos saharianos y que han sido señalados en numerosas ocasiones como barcos expoliadores de las riquezas pesqueras próximas a las Islas Canarias. 

En este sentido, las negociaciones pesqueras entre Marruecos y la UE están siendo objeto de debate en el seno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Precisamente, la escalada del conflicto ha llevado a WSRW a solicitar a la Comisión Europea la anulación del acuerdo entre ambos bloques comerciales por vulneración de la cláusula de respeto a los Derechos Humanos y que está contemplada en el texto de las negociaciones entre las autoridades europeas y las marroquíes

De llevarse a cabo, gran parte de la flota española, fundamentalmente canaria, se vería afectada al verse obligada a dejar de faenar en una zona de altísimo riesgo presente y futuro y que, tras 45 años de espera, amenaza con hacer saltar por los aires las relaciones entre Marruecos y España.

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