La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), el organismo encargado de supervisar la actividad de los bancos, comenzará a investigar desde dentro a las cuatro principales entidades financieras del país, según han anunciado la ministra de Servicios Financieros, Kelly O'Dwyer, y el jefe de la oficina del Tesoro, Scott Morrison, en un comunicado.
Desde finales de este mes de agosto, los movimientos de Westpac, Commonwealth, ANB, ANZ y la consultora financiera AMP serán vigilados por inspectores de la ASIC, el ente regulador que para ello va a dotarse de 51,8 millones de dólares (44,8 millones de euros) gubernamentales.
El objetivo es investigar desde dentro las potenciales malas prácticas financieras, por eso, "vamos a comenzar con las oficinas centrales", ha explicado James Shipton en una entrevista a la cadena local ABC. "El foco inicial es analizar las estructuras de gobierno, en especial las estructuras para denunciar las malas prácticas y que no cumplen con las expectativas de la comunidad", ha apuntado.
Shipton tomó las riendas de la ASIC en febrero, sustituyendo Greg Medcraft. Esta nueva manera de operar y el impulso de la financiación permitirán el cambio de "dirección estratégica" que ya anunció el nuevo director y que pretende luchar contra las malas prácticas financieras detectadas durante las investigaciones de la Comisión Real impulsada por el Gobierno australiano que investigó la conducta de los bancos, servicios financieros y gestoras de los fondos de jubilación.
Entre las irregularidades destapadas se incluyen, entre otras, la realización de cobros por servicios que no llegaron a prestarse a los clientes o no brindar la atención ofrecida. Además, se detectaron prácticas como la manipulación de la información o el empleo de declaraciones falsas con el objetivo de ganar más afiliados.
El Gobierno australiano anunció en noviembre pasado la conformación de esta Comisión de investigación tras meses de presiones de la oposición, el Partido Laborista y el Verde. A ellos se unieron algunas voces de la coalición gobernante del primer ministro, Malcolm Turnbull, quien se opuso a la iniciativa.
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