Madrid y Caracas vuelven a protagonizar un episodio de tensión diplomática, algo que ya se está convirtiendo en todo un clásico en los últimos años. En esta ocasión, el rifirrafe puede tener repercusiones directas sobre la presencia empresarial española en el país caribeño. Sin embargo, la importancia de las relaciones económicas y comerciales entre Venezuela y España dista mucho de ser la que era hace apenas una década. Esta diferencia juega en contra del Gobierno venezolano.
La visita de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, al paso fronterizo de Cúcuta, entre Venezuela y Colombia, ha puesto de manifiesto la trágica realidad de los inmigrantes y refugiados venezolanos. La ministra ha podido comprobar de primera mano el tránsito incesante de personas que huyen del régimen de Nicolás Maduro hacia Colombia. El movimiento migratorio es tal que, según señala Acnur, el número de venezolanos que han abandonado el país en los últimos años es superior a los cuatro millones de personas, siendo uno de los grupos de poblaciones desplazadas más grandes del mundo.
La visita no ha gustado en absoluto al presidente Maduro, quien apenas ha tardado unas horas en amenazar a España con "revisar a fondo" las relaciones entre ambos países. En lenguaje diplomático, esa revisión implica una seria advertencia a las empresas españolas que operan o tienen participación en la depauperada economía venezolana. El universo empresarial español con intereses en Venezuela ha ido disminuyendo según ha aumentado el choque entre Maduro y el Reino de España. Las continuas amenazas a los intereses españoles y el descalabro de la economía venezolana han hecho que el país se convirtiera en 2018 en el tercer peor lugar del mundo para invertir, por detrás de Eritrea y Somalia, según el respetado informe 'Doing Business'.
Repsol es, en términos cualitativos, la compañía española con mayor presencia en Venezuela. Sin embargo, su exposición patrimonial en el país es ya muy reducida, estimada en unos 230 millones de euros. Junto a ella, según datos del ICEX, más de un centenar de empresas españolas operan directa e indirectamente en Venezuela. Estas pueden sufrir en sus carnes la respuesta de Maduro hacia los intereses económicos españoles en el país.
El margen de Maduro para
Junto a Repsol, Telefónica mantiene una posición de relativa relevancia en el mercado venezolano. Tras la compra de Telcel Bellsouth, los españoles llegaron a facturar más de 3.700 millones de euros en 2009, en lo que parecía constituir una auténtica apuesta del operador español en la zona. Sin embargo, diez años después, el declive del país ha provocado que los ingresos generados en 2019 se redujeran a 79 millones, con un resultado operativo antes de amortizaciones de 19 millones. La compañía ofrece servicios de telefonía móvil, fija e Internet, por lo que el margen de Maduro para castigar, aun más, a los de Las Tablas es realmente estrecho sin perjudicar a sus propios ciudadanos.
Mapfre también esta presente en Venezuela. La aseguradora cuenta con actividad en la contratación de seguros privados, automóviles y de salud. La compañía cuenta con una tradición de prestación de servicios en el país, si bien las devaluaciones y la marcha de la economía venezolana hace que se incremente anual y engañosamente el volumen de primas. El problema es que estas aumentan en la moneda nacional, algo que, con una depreciación constante con respecto al dólar, hace casi imposible que las cuentas puedan salir en caso de que el Gobierno venezolano mueva siquiera un dedo contra su actividad.
Meliá es otro de los posibles damnificados por una acción beligerante de las autoridades venezolanas. Tampoco las represalias supondrían mucho más daño que el que está haciendo la crisis generalizada de la economía venezolana en las cuentas de la compañía. A esta se le une la situación del sector turístico debido a la pandemia. En cualquier caso, el grupo español cuenta con el mítico Melia Caracas, un lujoso hotel estratégicamente situado en la capital venezolana y que se ha convertido en el auténtico centro de influencia de los viajes de negocios españoles en el país y de la comunidad española que aun reside en Venezuela. Este sí supondría un activo importante y un claro golpe de efecto en caso de que las tensiones ente ambos países vayan a más.
Se puede decir que BBVA vio las orejas al lobo venezolano hace ya algún tiempo. El peso patrimonial en las cuentas del grupo se estimó en menos de 70 millones de euros en 2019. La devaluación y el hundimiento continuo del bolívar están provocando que los activos con los que cuenta el banco en el país apenas tengan significado en sus cuentas globales.
Venezuela fue un lugar en el que el banco llegó a ganar 645 millones de euros y en el que llegó a contar con más de 22.000 millones en activos, pero eso fue allá por 2013. Cualquier tipo de iniciativa del Gobierno venezolano contra el BBVA tendría poco más que un efecto mediático, teniendo en cuenta el conjunto patrimonial del banco español. En el pasado ya se enfrentó a otras amenazas, como la proferida por Hugo Chávez en 2012, quien advirtió a los vascos de que nacionalizaría su filial, el Banco Provincial, si no cumplían con la financiación agrícola. Eran otros tiempos y, sobre todo, otro líder distinto a Maduro.
Cualquier tipo de iniciativa del Gobierno venezolano contra el BBVA tendría poco más que un efecto mediático, teniendo en cuenta el conjunto patrimonial del banco
Precisamente, el empobrecimiento de la presencia española en el país juega en contra de las posibles sanciones o restricciones que pudiera tomar el régimen bolivariano. Las nacionalizaciones implicarían la expropiación de unos activos que cada vez son más exiguos, gracias a las políticas previsoras de las empresas españolas y a los signos mas que evidentes de deterioro que está ofreciendo el régimen en los últimos años.
Otra posibilidad punitiva es el veto a las exportaciones procedentes de España. En este punto, tampoco la fuerza de Nicolás Maduro repercutiría de manera catastrófica. Según datos del Icex, a noviembre de 2020, las exportaciones españolas hacia Venezuela apenas alcanzaron los 187 millones de euros, consolidando la caída que se viene produciendo desde 2013. Por su parte, las importaciones se situaron en 293 millones. Estos datos sitúan a Venezuela como el cliente 75 de España y el 67 como proveedor. Sin duda cualquier tiempo pasado entre España y Venezuela fue mejor.
La incertidumbre es una muy mala consejera en el comercio internacional. En un país en el que la inflación está desbocada, con el bolívar por los suelos, las calles incendiadas y con el único sustento de la venta de crudo a terceros países que desafían las restricciones y sanciones de los Estados Unidos a la economía, Nicolás Maduro apenas tiene margen alguno para poder cumplir su amenaza. Si realmente efectúa una “revisión a fondo” de las relaciones entre ambos países probablemente descubra que, al menos desde el punto de vista económico, son poco menos que ilusorias, a la par que desilusionantes.
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