La estrategia de Puigdemont es clara: evitar a toda costa acabar en prisión por delitos de rebelión, sedición y malversación. Para ello, ha mirado a Bélgica, un país en el que podría contar con el apoyo de los nacionalistas flamencos y en el que miembros destacados del Gobierno le han ofrecido asilo político en caso de que la Justicia española emita una orden de detención. A pesar del grave conflicto diplomático que podría suponer si, efectivamente, se dieran estas circunstancias, al Ejecutivo belga poco parece importarle las reclamaciones españolas: ya en 2016 rechazó extraditar la presunta etarra Natividad Jáuregui, acusada, entre otras cosas de asesinar por la espalda al teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche cuando éste salía de misa en la Basílica de Begoña en Bilbao.
El motivo que alegó entonces la Justicia belga, y que ya había utilizado cuando rechazó por primera vez su extradición en 2013, fue que existía la "posibilidad de que sus derechos fundamentales no se vieran respetados". "Los sospechosos de hechos punibles con claros motivos terroristas son sometidos en España a un régimen específico de supresión de libertad en circunstancias inhumanas que pueden ir acompañadas de torturas y un contacto muy limitado con el mundo exterior (familia, abogado y asistentes)", decía el auto.
El Gobierno trató, sin éxito, convencer a este país de la prioridad de un caso de su máximo interés, remitiendo informes del Comité para Prevención de la Tortura y de la Abogacía General del Estado. Todo fue en vano. Tanto es así que los familiares de Ramón Romeo llevaron el caso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH).
El de Natividad Jáuregui no fue el único caso. Conocida como el 'santuario de los etarras', en 2004 rechazaron extraditar a Luis Moreno y Raquel García, para entonces nacionales belgas; en 1996 a Enrique Pagoaga, 'Peixotin' y en 1998 la expulsión a México de Ricardo Cruz Maiztegui.
Sin embargo, Puigdemont no tiene todas las de ganar. Por un lado, el primer ministro belga no ha querido apoyar el ofrecimiento de asilo, cosa que tampoco concedió a ningun etarra, y por otro, Bélgica sí ha entregado a otros etarras reclamados: en 2005 Diego Ugarte López de Arkaute y Jon Gómez López, acusados del asesinato del socialista Fernando Buesa y su escolta; en 2010, Luis María Zengotitabengoa y en 2011 Ventura Tomé.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios