Jueves, 21.03.2019 - 16:01 h
A días de asumir el cargo

Bolsonaro quiere garantizar por decreto la tenencia de armas de fuego en Brasil

El presidente electo considera que la posesión de un arma es "una garantía de libertad" porque avala el derecho a la legítima defensa.

Venta de camisetas con la imagen del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia (EFE/Fernando Bizerra Jr).
Venta de camisetas con la imagen del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia (EFE/Fernando Bizerra Jr).

El presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, dijo hoy que pretende garantizar por decreto la tenencia de armas de fuego a personas sin antecedentes penales. A tres días de asumir el cargo, hizo el anuncio a través de las redes sociales, como es su costumbre.

"Por decreto pretendemos garantizar la tenencia de armas de fuego para el ciudadano sin antecedentes penales, así como hacer su registro definitivo", publicó el ultraderechista en su cuenta en Twitter. El derecho de tenencia de armas de fuego permite tenerlas en casa, pero no llevarlas a otros lugares, para lo que hace falta una autorización especial.

Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército y que siempre ha elogiado el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, considera que un arma es "una garantía de libertad" porque avala el derecho a la legítima defensa, y por eso prometió desde su campaña flexibilizar el estatuto de desarme si llegaba a la presidencia.

Motivo y test psicológico

El actual estatuto de desarme en Brasil permite la compra de armas para personas mayores de 25 años sin antecedentes penales, siempre y cuando hayan pasado un test psicológico y justifiquen el motivo. De acuerdo con la ONG Sou de Paz, los registros de nuevas armas por parte de civiles se han multiplicado por diez desde 2004 y el año pasado llegaron a 33.031.

Por eso, la flexibilización del estatuto de desarme es un tema que preocupa a la ONG ya que puede convertirse en una "catástrofe para la seguridad pública" de un país en el que tan sólo el año pasado murieron más de 60.000 personas víctimas de la violencia.

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