Bolsonaro sugiere torturar a los políticos implicados en casos de corrupción

  • En especial se ha referido a los miembros de su Gobierno, lo que supone una indirecta para su ministro de Turismo que está siendo investigado. 
El presidente Brasileó, Jair Bolsonaro. /EFE
El presidente Brasileó, Jair Bolsonaro. /EFE

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sugerido utilizar métodos de tortura similares a los utilizados durante la dictadura militar que sufrió el país contra los miembros del Gobierno que estén implicados en casos de corrupción. La sugerencia supone una indirecta contra su ministro de Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, quien está siendo investigado por un supuesto desvio de fondos públicos para financiar la campaña electoral de 2018.

"Brasil está cambiando, pero puede ser que haya corrupción. Donde hay gobierno puede ser que haya corrupción, en ese caso cuelgo al ministro del palo del guacamayo ('pau de arara') si tuviera alguna responsabilidad, obviamente", ha espetado el dirigente ultraconservador, quien en ningún momento hizo referencia a Álvaro Antonio.

Este método de tortura al que ha hecho referencia Bolsonaro fue muy utilizado durante la dictadura militar (1964-1985) y consistía en colgar boca abajo a las víctimas por las muñecas y los tobillos, para practicarle descargas eléctricas o amagos de ahogamiento.

Álvaro Antonio niega las acusaciones de ese delito que supuestamente habría cometido durante la campaña electoral en la que él era presidente del Partido Social Liberal (PSL) en la región de Minas Gerais. Bolsonaro ha mantenido que esperará hasta que la Justicia tome una decisión al respecto para actuar en consecuencia contra el todavía ministro de Turismo.

No obstante, Álvaro Antonio no es el único ministro de Bolsonaro investigado, tal y como ha recordado el periódico brasileño 'Folha de Sao Paulo'. En ese sentido, el titular de Medioambiente, Ricardo Salles, tiene roto su secreto bancario después de que el Ministerio Público de Brasil solicitara a la Justicia una investigación sobre un supuesto enriquecimiento ilícito del que se habría beneficiado mientras trabajaba para el Gobierno regional unos años atrás.

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