Miércoles, 13.11.2019 - 18:37 h
Al tribunal de sesiones de Edimburgo

Un documento filtrado contradice a Boris Johnson: no forzará un Brexit 'duro'

El primer ministro ha asegurado a un tribunal escocés que solicitará una nueva prórroga antes de obligar a Reino Unido a una salida unilateral.

El primer ministro británico, Boris Johnson./EFE
Un documento filtrado contradice a Boris Johnson: no forzará un Brexit 'duro'./EFE

La amenaza de un Brexit 'duro' sigue planeando sobre Reino Unido, después de que Boris Johnson haya amenazado en repetidas ocasiones en las últimas semanas con abandonar la UE, con o sin acuerdo, el próximo 31 de octubre. Sin embargo, el plan del primer ministro británico podría estar en el aire, ya que desde su propio Gobierno aseguran que cumplirá con la ley y solicitará una prórroga del Brexit antes de llegar a una salida unilateral de la UE. De hecho, un documento filtrado por Downing Street revela que ha prometido al tribunal de sesiones de Edimburgo que Boris Johnson enviará una carta a la UE en busca de una extensión del artículo 50 llegado el momento..

Se trata de una promesa incluida en los documentos legales presentados ante el tribunal de sesiones en Edimburgo, después de que los activistas antiBrexit  iniciaran acciones legales para obligar a Johnson a cumplir con los requisitos de la ley aprobada hace unas semanas por el Parlamento y que obliga al primer ministro a aprobar una extensión del Artículo 50 de la UE si no logra llegar a un acuerdo con Bruselas para una retirada negociada del bloque comunitario. Esta ley establece que si Westminster no acepta un acuerdo del Brexit antes del 19 de octubre, el primer ministro tiene que escribir a la UE buscando una extensión del artículo 50 hasta el 31 de enero.

"Aquí están los párrafos que Aidan O'Neill QC, abogado de @DaleVince, @joannaccherry y yo, acabamos de leer. Son del escrito por el caso del primer ministro; y si el primer ministro promete al tribunal que cumplirá, no necesitamos esperar más tiempo. ¿Por qué no lo haría?", tuiteaba Jolyon Maugham, el impulsor del grupo de abogados que llevó a los tribunales la suspensión de la Cámara de los Comunes y que la semana pasada veía cómo el Tribunal Supremo sentenciaba en contra de Boris Johnson... Aunque ello le supusiese amenazas contra su vida y que ahora tenga que llevar chaleco antibalas

En el documento filtrado por Maugham se puede leer que el primer ministro acepta que está "sujeto al principio de derecho público de que no puede frustrar su propósito o el propósito de sus disposiciones. Por lo tanto, no puede actuar para evitar que se envíe la carta solicitando la extensión especificada en el acto". La acusación ha querido aclarar a Lord Pentland, el juez que presidía la audiencia, que Boris Johnson había contradicho repetidamente esa aseveración, incluso en la Cámara de los Comunes este mismo miércoles, al insistir en que Reino Unido se iría el 31 de octubre, pase lo que pase.

En este sentido, la petición de la acusación persigue que el tribunal debería emitir órdenes legalmente vinculantes para obligar a Johnson a cumplir con la ley a través de un veredicto o mandato judicial. Si el primer ministro se niega a hacerlo, se podría volver al tribunal para pedir que Johnson sea multado o encarcelado. Una hipótesis plausible, ya que el miércoles el primer ministro repetía que "lo que quieren los partidarios de salir,[...] lo que todo el mundo quiere es que se haga con calma y sensatez el tema, y ​​seguir adelante: y es por eso que saldremos de la UE el 31 de octubre, pase lo que pase".

¿Una nueva suspensión del Parlamento?

A este proceso judicial se unen las crecientes críticas al plan de Johnson, que se multiplicaron esta después de conocerse que el primer ministro de Reino Unido solicitará una nueva suspensión del Parlamento que entraría en vigor el 8 de octubre y concluiría el día 14 con el discurso de la reina, después del varapalo del Tribunal Supremo a una iniciativa similar, según fuentes citadas por la cadena 'Sky News'.

Con este movimiento, aún por confirmar, Johnson evitaría la sesión de control al Gobierno prevista para el 9 de octubre e interrumpiría la actividad en las dos cámaras parlamentarias en un momento clave, cuando se avecinan nuevas negociaciones con la UE sobre el Brexit.

Al contrario del anterior cierre del periodo de sesiones, invalidado por el Tribunal Supremo británico por ser "ilegal", en esta ocasión el argumento utilizado por Johnson sería la necesidad de que Isabel II lea las prioridades del Gobierno tras el cambio de Ejecutivo, un procedimiento más estándar.

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