Quito tiene casi 500 barrios ilegales, construidos en terrenos no urbanizables, cuyos habitantes luchan para que el Ayuntamiento regule su situación y les proporcione servicios básicos como luz, agua o alcantarillado.
El fenómeno es fruto de la codicia de traficantes de tierras y afecta a miles de familias desde hace décadas, pero ha cobrado especial interés tras las recientes invasiones de terrenos en Guayaquil.
El Gobierno de Rafael Correa respondió con el despliegue de las fuerzas armadas en la zona para frenar las invasiones.
Los traficantes de tierras, conocidos como "lotizadores", se aprovechan de la ignorancia y la necesidad de los más pobres para vender terrenos sin permiso de urbanización y que en ocasiones tan siquiera son de su propiedad.
"El traficante nos engañó y nos vendió unos terrenos sin legalizar, cobrándonos plata para la apertura de vías y el alcantarillado", dijo Leonor Chela, vicepresidenta del Comité de La Garzota, un barrio ilegal de Quito, quien se negó a dejarse fotografiar "por miedo a represalias".
Y es que estos estafadores usan la extorsión para cobrar la deuda. "Un grupo de gente está siempre cobrando a los habitantes bajo formas de violencia bastante altas. Si no puedes pagar, trabajas para el traficante: ayudándole en el tráfico de tierras, mejorando los servicios del barrio, e incluso vinculándote al sicariato", explicó Fernando Carrión, profesor de Estudios de la Ciudad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Unas 150 familias compraron a un traficante en los años 90 una parcela en la Garzota, barrio asentado en las laderas del volcán Pichincha, pensando que dispondrían de asfalto, luz y agua en poco tiempo.
Hace nueve años, el lotizador desapareció tras cobrar la deuda a sus moradores, dejando el barrio con graves deficiencias, que incluso causaron la muerte de una familia el pasado diciembre cuando un alud de tierra sepultó su casa.
La Garzota sigue con las calles sin pavimentar y tanto el agua como la luz la toman del barrio colindante y legal de Cristo Rey. En este barrio hay desde casitas de adobe donde viven familias numerosas, hasta viviendas de dos plantas y con mejores infraestructuras, todas construidas por sus moradores sin planos ni conocimientos de urbanismo.
Regularizaciones
El fenómeno de las invasiones no es nuevo en Ecuador. Hubo dos oleadas en los 40 y los 70, marcadas por el éxodo rural, y una tercera en el año 2000, fruto del encarecimiento del centro de la ciudad, que obligó a los más pobres a desplazarse a la periferia.
Consciente de la problemática, el Ayuntamiento de Quito en 2010 regularizó 86 barrios y reubicó a decenas de familias que vivían en zonas declaradas de peligro ecológico.
"Este año esperamos relocalizar a por lo menos 500 familias de barrios en peligro inminente, por vulnerabilidad física o social", dijo a Efe la secretaria de Seguridad de Quito, Lourdes Rodríguez.
La alcaldía dispone de un plan para reubicar a las familias, que implica el desalojo de la vivienda actual, un bono de 200 dólares al mes para alquiler y una ayuda económica para comprar una nueva casa.
Para 2011 tiene prevista la regularización de 106 barrios, frente a los 20 barrios por año de la primera década del 2000, según datos del consistorio.
Los vecinos de estos barrios esperan con ansia, aunque algunos achacan a la municipalidad lentitud en las obras y permisividad con los lotizadores.
"El alcalde brilla por su ausencia tras muchas promesas. Estamos desamparados de todo. La luz y el agua potable se nos va a ratos, con el pretexto de que el barrio no está legalizado", denunció Gonzalo Vargas, albañil y poblador de la Garzota, mientras colocaba bloques de adobe, a 23 centavos la pieza, para ampliar su casa.
La reubicación, sin embargo, no es del agrado de estas familias, las cuales han invertido en la construcción de su vivienda gran parte de su vida y su pequeño salario, que en la mayoría de casos ronda los 300 dólares mensuales.
"No aceptaríamos que nos cambiaran de casa porque somos pobres y tenemos muchos hijos. ¿A dónde vamos a ir? El señor alcalde no nos va a dar lo que hemos gastado en esta casa", sentenció Blanca Usiña, mientras preparaba a sus seis hijos para ir a la escuela.
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