China todavía usa torturas medievales contra los presos

China sigue torturando a sus presos con técnicas medievales. Así lo denuncia Amnistía Internacional que dice que el sistema de justicia penal de China “sigue dependiendo en gran medida” de confesiones forzadas obtenidas mediante tortura y malos tratos, y que los abogados que insisten en presentar denuncias de abusos son, a menudo, objeto de amenazas y hostigamiento, o incluso de detención y tortura.

En un informe titulado ‘Sin final a la vista’, AI documenta cómo las reformas introducidas en la justicia penal, anunciadas por el Gobierno chino como avances en materia de derechos humanos, en realidad “apenas han contribuido a cambiar la práctica profundamente arraigada de torturar a los detenidos para obtener confesiones forzadas”, mientras que los intentos de los abogados defensores de presentar o investigar las denuncias de tortura siguen siendo “frustrados de forma sistemática” por la policía, los fiscales y los tribunales.

“En un sistema en el que incluso los abogados pueden acabar siendo torturados por la policía, ¿qué esperanzas pueden tener los acusados corrientes?”, afirmó Patrick Poon, investigador sobre China de Amnistía Internacional, quien añadió que “disimular un sistema de justicia que no es independiente, en el que la policía sigue siendo todopoderosa y en el que no se dispone de ningún recurso cuando se conculcan los derechos de los acusados no servirá de mucho para poner freno a la lacra de la tortura y los malos tratos en China”.

Abogados de todo el país comentaron a AI las represalias que sufrieron cuando desafiaron a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Así, señalaron deficiencias fundamentales en el sistema de justicia que permiten que agentes de policía, fiscales y otros funcionarios burlen las nuevas salvaguardias concebidas para impedir que las confesiones den lugar a sentencias condenatorias injustas. De hecho, juristas chinos calculan que menos del 20% del total de acusados en causas penales disponen de representación letrada.

“El Gobierno parece más preocupado por la posible vergüenza que las sentencias condenatorias injustas puedan causar que por poner coto a la tortura bajo custodia”, apuntó Poon, que señaló que “para la policía, obtener una confesión sigue siendo la manera más fácil de conseguir una sentencia condenatoria”. “Mientras no se permita a los abogados hacer su trabajo sin temor a represalias, la tortura seguirá siendo una práctica generalizada en China”, agregó.PALIZAS EN ESPERA DE JUICIO

El informe documenta casos de tortura y malos tratos en detención en espera de juicio, incluidas palizas propinadas por la policía o por otros detenidos con conocimiento de los agentes o cumpliendo sus órdenes. Entre los instrumentos de tortura descritos figuran las sillas de sujeción de hierro, los ‘bancos del tigre’ (en los que las piernas de la persona se atan con fuerza a un banco y se agregan gradualmente ladrillos bajo los pies de la víctima, obligando a llevar hacia atrás las piernas), además de periodos prolongados de privación de sueño y negación de alimentos y agua suficientes.

Tang Jitian, exfiscal y abogado en Pekín, dijo a Amnistía Internacional que fue torturado por agentes de seguridad locales en marzo de 2014 cuando, junto con otros tres letrados, investigó presuntas torturas en una instalación de detención secreta (una de las llamadas “cárceles negras”) en Jiansanjiang (nordeste de China).

“"Me amarraron con correas a una silla de hierro, que abofetearon, me dieron patadas en las piernas y me golpearon tan fuerte en la cabeza con una botella de plástico llena de agua que perdí el conocimiento"”, comentó. Más tarde, le pusieron una capucha, lo esposaron con los brazos a la espalda, lo levantaron del suelo y lo tuvieron colgado por las muñecas mientras la policía lo golpeaba.

Expertos en cuestiones jurídicas dijeron a Amnistía Internacional que la obtención de confesiones mediante tortura sigue siendo “una práctica arraigada” en la detención en espera de juicio, sobre todo en causas políticas, como las que afectan a disidentes, minorías étnicas o personas que participan en actividades religiosas.

El informe muestra que en los últimos dos años las autoridades han hecho un uso creciente de una nueva forma de detención en régimen de incomunicación llamada “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, que se oficializó en la ley en 2013, cuando se llevaron a cabo las revisiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de China.

Con este sistema, las personas sospechosas de terrorismo, soborno grave o delitos contra la seguridad del Estado pueden ser recluidas al margen del sistema de detención formal en un lugar no revelado durante un periodo máximo de seis meses, sin contacto con el mundo exterior, lo que deja al detenido en grave riesgo de tortura y otros malos tratos.

Doce abogados y activistas apresados en el marco de la represión en curso contra activistas jurídicos y de derechos humanos están recluidos actualmente en “vigilancia domiciliaria en un lugar designado” por cargos relacionados con la seguridad del Estado.CONFESIONES FORZADAS MASIVAS

Abogados que hablaron con Amnistía Internacional denunciaron la persistente imposibilidad de presentar las denuncias de tortura en los tribunales, de conseguir investigaciones auténticas de los fiscales del Estado, y mucho menos de organismos independientes o de que las confesiones forzadas se excluyan como prueba en el juicio.

“Los funcionarios locales y la policía siguen moviendo los hilos del sistema de justicia penal de China. A pesar de los grandes esfuerzos desplegados por los abogados defensores, muchas denuncias de tortura simplemente se ignoran por conveniencia política”, subrayó Poon, quien recalcó que “la policía ejerce un poder excesivo y sin control, por lo que las medidas para poner coto a la tortura no tienen el impacto necesario”.

En un intento de analizar la respuesta de los tribunales chinos a las denuncias de obtención de “confesiones” mediante tortura desde la introducción de reformas concebidas para excluir las pruebas empañadas por la tortura, Amnistía Internacional examinó cientos de documentos judiciales accesibles en la base de datos del Tribunal Supremo Popular de China.

De una muestra de 590 casos en los que se formularon denuncias de tortura, las confesiones forzadas se excluyeron en sólo 16 casos, uno de los cuales dio lugar a una absolución y el resto concluyeron en declaraciones de culpabilidad sobre la base de otras pruebas.

“El número tan exiguo de casos en los que se excluyeron las pruebas obtenidas mediante tortura parece corroborar las denuncias de los abogados de que se siguen presentando confesiones forzadas como pruebas en los tribunales y que los jueces no excluyen las pruebas obtenidas de forma ilegítima”, apostilló Amnistía.