Mario Draghi cumple 100 días al frente del Gobierno de Italia, un tiempo en el que ha tenido que gestionar la crisis sanitaria y económica por la pandemia, ha dado un impulso a la campaña de vacunación y ha diseñado un plan de reformas que se financiará con los fondos europeos que llegarán en los próximos meses. Draghi juró como jefe del Gobierno italiano el pasado 13 de febrero y cinco días después su Ejecutivo obtuvo la investidura en el Parlamento, con el respaldo de todos los partidos -excepto el ultraderechista Hermanos de Italia-, una mayoría heterogénea que el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) ha sabido gestionar.
Sus dos desafíos inmediatos eran acelerar la campaña de vacunación y diseñar un Plan de Recuperación para obtener las ayudas del Fondo europeo, aunque en su discurso de investidura citó también la lucha contra las desigualdades y la corrupción entre sus prioridades, además de las reformas del fisco, para frenar la evasión, y la Justicia, para acelerar los procesos. El balance de los italianos es positivo: más del 50% cree que ha gestionado bien el país, mientras que solo un 21,8% expresa una opinión negativa, según una encuesta de Quorum/Youtrend para Sky TG24 divulgada hoy.
También sus ministros son percibidos con buenos ojos: el mejor valorado es el de Sanidad, Roberto Speranza, que obtiene un 29% de apoyos, seguido del de Exteriores, Luigi Di Maio (13,1%) y el de Cultura, Dario Franceschini (10,5%). "Lo ha hecho mejor de lo que me imaginaba. Ha mostrado una gran capacidad de hacer funcionar un equipo formado por hombres y mujeres muy ambiciosos y los ha coordinado y controlado", explicó hoy a Efe el profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia Gianfranco Pasquino.
De la misma opinión es el docente de Estrategia en la Escuela Politécnica de Negocios de Milán Giuliano Noci, quien, sin embargo, matiza: "Ahora viene lo más difícil, poner en marcha el Plan de Recuperación y una serie de reformas, y la Unión Europea (UE) será inflexible".
Equilibrar la sanidad y la economía
Una de las primeras decisiones de Draghi fue nombra al militar Francesco Paolo Figliuolo responsable de la gestión de la pandemia, en sustitución de Domenico Arcuri. Las metas eran claras: inocular unas 500.000 dosis de vacunas contra el coronavirus al día y tener al 80% de la población con al menos una dosis en septiembre. De momento, la campaña ha tomado ritmo, también por la creciente llegada de más vacunas en el segundo trimestre del año, y por ahora se han inyectado más de 30 millones de dosis y 10,18 millones de personas están inmunizadas, el 17,20% de la población.
Italia gana credibilidad
A nivel internacional, Draghi ha logrado que Italia asuma un nuevo papel protagonista en la UE "que hace años que no disfrutaba", sostiene Noci. "Ha dado a Italia un papel destacado a nivel comunitario. Tengamos en cuenta que Alemania tiene elecciones en septiembre y el presidente francés, (Emmanuel) Macron, también afronta una campaña electoral complicada el año que viene. Italia puede asumir un rol significativo", comenta. Italia, además, ostenta este año la presidencia de turno del G20 y será copresidenta de la COP-26 (Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021) que se celebrará en noviembre en Glasgow (Reino Unido), dos oportunidades para acaparar la atención internacional.
¿Hasta cuándo durará el gobierno de Draghi?
La gran duda es hasta cuándo durará su mandato, en un país acostumbrado a los cambios en la Jefatura del Ejecutivo y con una mayoría parlamentaria tan diversa. Pero además, los medios sitúan desde hace tiempo a Draghi como sucesor natural de Sergio Mattarella en la Presidencia de la República, aunque la legislatura acaba en 2023 y el mandato del jefe del Estado expira a comienzos de 2022. "Es una situación muy complicada. Draghi sabe que si quiere que el Plan de Recuperación salga adelante tiene que ser él el que lo controle hasta 2023", sostiene Pasquino, que considera esencial las reformas que el país necesita para recibir los fondos europeos.
La del fisco es crucial porque "la evasión fiscal tiene un impacto estimado del 20% en el producto interior bruto (PIB)", pero también la de la Justicia, más difícil de sacar adelante, según el politólogo, por las reticencias que pueden poner los magistrados.
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