El caso de corrupción de la constructora Odebrecht, en el que media Latinoamérica está imbuida, suma un nuevo capítulo. La compañía ha firmado un nuevo acuerdo judicial con dos instituciones brasileñas por el que se compromete a devolver 2.700 millones de reales, cerca de 594 millones de euros a las arcas públicas por actos ilícitos. El acuerdo ha sido suscrito por la Abogacía General de la Unión (AGU) y Contraloría General de la Unión (CGU) y establece un plazo de 22 años para devolver la cantidad.
La constructora ya se había comprometido a pagar 3.828 millones de reales, cerca de 842 millones de euros, en un acuerdo judicial firmado con el Ministerio Público Federal y las autoridades estadounidenses y suizas en diciembre de 2016. Una cifra que sería descontada de la cantidad total y con la que se compromete a reparar los perjuicios causados por los actos de corrupción y a colaborar con las investigaciones a cambio de recibir el aval para poder firmar nuevos contratos con la administración pública.
"El acuerdo también atiende al interés público al permitir la preservación de la empresa y la continuidad de sus actividades, de los empleos, del pago de los impuestos, con la generación de facturación necesaria para pagar los valores acordados", señaló Odebrecht en un comunicado.
El documento firmado por Odebrecht, según la AGU, está relacionado con el "desvío de recursos" del Estado y de empresas estatales federales. Es más, de los 2.700 millones de reales que la compañía deberá devolver a las arcas públicas, 900 millones corresponden a los sobornos pagados por el grupo a funcionarios públicos, cerca de 1.300 millones de reales son parte del beneficio obtenido por la compañía en los contratos conseguidos mediante prácticas corruptas y 442 millones de reales serán la parte correspondiente a la multa.
Cuatro años de Odebrecht
Los recursos serán destinados a la petrolera estatal Petrobras, epicentro de la operación Lava Jato y una de las principales perjudicadas por la red corrupta, y otros órganos de la administración federal, de acuerdo con la nota. Odebrecht, presente en 25 países, participó de un "cartel" con otras 15 importantes constructoras del país para obtener contratos de manera fraudulenta con la petrolera estatal Petrobras, según desvelaron las investigaciones iniciadas hace casi cuatro años.
Las autoridades comprobaron que esas empresas inflaban los valores en los contratos y repartían las diferencias entre ejecutivos de la petrolera, empresarios y políticos, que amparaban esas prácticas y legislaban a favor de las compañías. La corrupción en Odebrecht no se limitó a Brasil y se expandió por otra decena de países de Latinoamérica y África, cuyas autoridades investigan el pago de sobornos a sus políticos de parte de la constructora.
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