(San José, Costa Rica). Un barco de guerra de EEUU con más de 1.000 efectivos militares y docenas de helicópteros va camino de la pacífica costa caribeña de Costa Rica. El USS Iwo Jima viaja en son de paz, según un comunicado de la Embajada de estadounidense, como parte de la misión "Continuing Promise 2010" del Comando Sur, una operación humanitaria con asistencia sanitaria, proyectos de ingeniería, atención veterinaria, donaciones e incluso partidos de béisbol.
Una ofensiva de seducción como esta (una buque de guerra amistoso repleto de ayuda para una de las regiones más pobres del país) quizás sea lo que EEUU necesitaba para calmar las aguas revueltas en Costa Rica, su vieja amiga.
En julio la Asamblea Legislativa aprobó una petición de EEUU para fondear 46 barcos de guerra y 7.000 efectivos militares, la mayor parte para misiones antidroga en territorio de Costa Rica, lo que generó indignación entre los escépticos de la guerra global a las drogas. Entre quienes critican esta decisión figuran destacados políticos, pacifistas, grupos de estudiantes y ticos corrientes, que están orgullosos de las seis décadas que lleva su país viviendo sin un ejército.
El parlamentario de izquierdas José María Villalta asegura que estos navíos están buscando un enfrentamiento. Por su parte, el legislador Luis Fishman ha dicho que el Congreso no estaba lo suficientemente informado cuando se votó al respecto, y sostiene que la llegada de los barcos de EEUU será un asalto a la soberanía de Costa Rica.
La decisión parlamentaria fue recurrida ante los tribunales y ahora está paralizada mientras los jueces revisan el caso.
Tras la ratificación parlamentaria, la blogosfera entró en ebullición, con mensajes titulados "EEUU invade Costa Rica" y teorías conspirativas que incluían supuestos planes de Washington contra la vecina Nicaragua.
"No estamos muy seguros del por qué de este alboroto", declaró la embajadora de EEUU Anne Slaughter Andrew al diario costarricense The Tico Times.
La controvertida decisión parlamentaria es en realidad la renovación de un acuerdo con EEUU conocido como el "Joint Patrol" (Patrulla conjunta) firmado en 1998 y convertido en ley al año siguiente, según documentación facilitada por la embajada en San José.
La polémica ha supuesto una prueba de fuerza para la nueva presidenta del país, Laura Chinchilla (anteriormente vicepresidenta y ministra de Seguridad), en un asunto que figuró entre sus principales demandas durante la campaña electoral: la necesidad de una acción coordinada y de colaboración para atajar el comercio ilegal de drogas.
Mauricio Boraschi, el zar de las drogas costarricense, un nuevo puesto creado por la administración de Chinchilla, asegura que el gobierno pretende ser además transparente en su lucha contra el narcotráfico.
"Bajo ninguna circunstancia se puede malinterpretar, ya que esta petición se ha hecho a través de la Asamblea Legislativa, en un intento de militarizar la lucha contra las drogas, y tampoco representa ningún peligro contra la soberanía de Costa Rica o su transformación en algún tipo de base militar", explicó Boraschi en una reciente rueda de prensa.
Para disipar los temores de la prensa, añadió que en los años anteriores sólo un 20 por cientodel total del número acordado de buques llegó a Costa Rica, y que cuando lo hicieron fue normalmente para cargar combustible.
Detrás de todo este asunto no deja de haber una dolorosa paradoja para este país centroamericano de 4,5 millones de habitantes. Costa Rica aboga internacionalmente por reducir, o eliminar, los ejércitos y los presupuestos militares. El ex presidente Oscar Arias solía pedir ante audiencias repletas de líderes en las Naciones Unidas que se gastase menos en defensa y más en escuelas y hospitales para los pobres.
Pero los líderes de Costa Rica saben que la nación necesita respaldo para afrontar los peligros de hoy en día. Mientras el país va perfilando un incómodo papel como lugar de almacenamiento, transporte y transacciones financieras para algunos de los cárteles de drogas más peligrosos, la policía costarricense se queja de que les superan en número y medios los miembros de las bandas criminales.
"Es un dilema muy complicado, porque hay claramente un problema muy serio que Costa Rica quizás no está preparada para afrontar", advierte Michael Shifter, presidente del grupo de análisis Inter-American Dialogue, con sede en Washington D.C.
Hay un chiste que dice que Costa Rica no tienen un ejército, y que no lo necesita con los amigos que tiene en Washington.
¿Qué le pasó al Ejército de Costa Rica? El presidente José Figueres, don Pepe, lo abolió en 1948, tras una guerra civil en la que murieron unas 2.000 personas y que se considera el mayor acontecimiento violento del país en el siglo XX.
Para aumentar más la paradoja, los funcionarios antidroga y quienes se opone a la guerra abierta contra la droga están de acuerdo en una cosa: las intensas acciones militares llevadas a cabo en otros países de América Latina han obligado a los cárteles a trasladar su negocio a Costa Rica.
Pero los activistas pacifistas dicen que es poco inteligente atajar el problema de las drogas con armas. La violencia genera más violencia, sostienen.
"La acción militar ha sido utilizada en México y Colombia y no ha dado muchos resultados. Así que la solución es de naturaleza social: necesitamos empleos", afirma Gerardo Brenes, un policía tico formado en la Escuela de las Américas y que ahora es un militante pacifista. "No nos traigan armas, no nos traigan muerte y desolación. Costa Rica está acostumbrada a vivir en paz y en libertad, no en guerra".
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