La sentencia del caso Gürtel ha sido el detonante para una moción de censura que ha tumbado en España al Gobierno de Mariano Rajoy, propiciando un giro político impensable hace unos años, y dando paso a un Ejecutivo socialista aupado por el respaldo de fuerzas parlamentarias de signos diferentes cuando no contrarios.
Es pronto para dar todas las claves de un terremoto político de tal calibre en uno de los países claves de la Unión Europea, pero sí se desprende del mismo un hilo del que tirar, y con el que tratar de responder a similares acontecimiento en todo el mundo, relacionados con el hastío de la población con la corrupción de sus dirigentes y la mayor eficiacia e independencia de los organismos judiciales, apoyados por la publicidad e incluso el martilleo a su favor que ha procurado el auge de las redes sociales.
Un artículo del 'think thank' de inteligencia Stratfor analiza los casos recientes más paradigmáticos en los que las políticas anticorrupción han sido relevantes en vuelcos socioeconómicos, partiendo de la realidad de la globalización, que ha afectado al modo en el que se cometen los delitos y también a la manera en la que dichos delitos se persiguen actualmente.
Para el autor del 'paper' en Stratfor es importante detallar las causas que han hecho que las campañas contra la corrupción estén permeando el discurso global. Para ello, aconsejan volver la vista atrás, a los años previos al estallido de la crisis económica de 2008. En 'esos días de vino y rosas' que precedieron a la gran recesión. Habla de cómo los países desarrollados se subieron a la ola de crecimiento personalizada en China, entrando en la cadena de suministros global, y fortaleciendo sus economías domésticas. Con el capital circulando por todo el planeta y el ojo de los inversores puesto en los países emergentes, los líderes políticos y empresas estatales en países institucionalmente débiles (cuando no enfermos) vieron la puerta abierta al enriquecimiento mediante el impulso de masivos planes de infraestructuras que permitieran crear redes clientelares propicias para el cobro de sobornos.
Al llegar la crisis de 2008, el sufrimiento económico elevó a cotas nunca antes vistas el escrutinio sobre la clase política, y a ello se unió una clase media más informada y consciente de su capacidad para organizarse a través de las redes sociales y presionar a las élites dirigentes.
Aunque existen una serie de bases de datos respetables sobre la corrupción, incluyendo el Índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, o los indicadores para el control de la corrupción del Banco Mundial, estas sirven sobre todo para que los países vean en qué situación se hallan con respectos a otros. Pero la realidad es que estos índices sirven poco para captar la eficacia de los procesos contra la corrupción a corto plazo. Un país que se haya tomado en serio la lucha contra esta lacra puede ver, por ejemplo, como su posición empeora en el ránking porque la percepción de sus ciudadanos es mayor al aumentar los procesos judiciales e investigaciones en esta materia. Y sin pretenderlo, esos índices pueden afectar profundamente la valoración que hagan las agencias de ratings, de la que después se fiarán los inversores extranjeros. Por este motivo sería necesario un esfuerzo para analizar con más profundidad las políticas que suponen un antes y después en el combate contra la corrupción de las simples medidas para la galería adoptadas por algunos estados.
Una piedra en el lago: el caso de Brasil
En 2014 un operativo de la policía federal brasileña suscitó una investigación de lo que, en principio, iba a ser un sencillo caso de lavado de dinero en una gasolinera. El caso Lava Jato (Car Wash) terminaría destapando uno de los mayores e impactantes escándalos de corrupción que se recuerdan. El centro de gravedad del mismo era el gigante de la construcción Odebrecht, que habría 'engrasado' las manos de políticos y corporaciones en toda América Latina para asegurarse la suculenta licitación de infraestructuras que fueron desde estadios olímpicos hasta aeropuertos.
Hablamos de un caso que sirve de paradigma, ya que partiendo de abajo, desde una simple pesquisa policial, con el transcurso de los años, la investigación logró hacer salir a la luz millones de dólares empleados para sobornos, que parecen capaces de hacer temblar la silla de cada nuevo candidato presidencial en Brasil: La expresidenta Dilma Rouseff fue obligada a dejar el cargo, el expresidente Lula Da Silva ha sido condenado a doce años de cárcel, y el actual mandatario Michel Temer se enfrenta a cargos en el mismo proceso, mientras algunos de sus ministros está siendo objeto de indagaciones.
Los tentáculos de Lava Jato han terminado expandiéndose fuera de Brasil, alcanzando al presidente peruano Pablo Kuczynski, el vicepresidente de Ecuador ha terminado tras las rejas, el presidente de Colombia también se ha tenido que defender de acusaciones relacionadas con el caso, y siguen en marcha investigaciones similares en México, Argentina, Chile, Guatemala y Panamá. En Venezuela, el presidente Maduro se quitó el problema de encima expulsando del país al investigador jefe.
La cruzada (interna) de China
El caso de China es bien diferente al de Brasil, ya que la ofensiva total emprendida bajo la mano firme del presidente Xi Xianping representa una aproximación al problema desde la cúpula del poder contra las propias élites del país, con el objetivo de lograr la supervivencia del propio estado.
Mientras atraviesa un punto de inflexión, China está buscando reestructurar su economía hacia un modelo más sostenible, enfocado a la creación de industria de alto valor, potenciación del sector servicios e incremento del consumo doméstico. En vez de descentralizar el poder, Xi ha apostado por reforzarlo, mientras trata de salvar al Partido Comunista con la táctica de debilitar su fuerza. De acuerdo con la Comisión Central para la Inspección disciplinaria, desde que Xi lanzó su campaña en 2012 se ha sancionado a más de un millón de personas por prácticas corruptas.
Claro que Xi también ha aprovechado su ofensiva contra los corruptos para quitarse de en medio a sus otrora poderosos rivales políticos, incluyendo al secretario del partido en Chongquing, Bo Xilai, al miembro retirado del Politburó Zhou Yongkang, así como a los aliados del antiguo presidente Jian Zeming. Finalmente, tras la eliminación de la limitación del mandato en la Constitución, Xi ha reforzado su ambiciosa agenda.
Y el mensaje que Xi Xianping predica en casa no parece que se extienda para las inversiones fuera de sus fronteras. El China Development Bank y el Silk Road Fund aportan billones en fondos a proyectos en cerca de 60 países en desarrollo, tales como Pakistán, Laos o Kenia, para cientos de infraestructuras. La débil fuerza de la ley en esos países unida a la falta de supervisión de Beijing los hace el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de nuevas tramas de corrupción en gran parte del mundo en desarrollo.
Las apariencias engañan
Es más fácil ver hoy días las iniciativas anticorrupción de cara a la galería emprendidas por muchos países para tratar de lavar su imagen. En esos casos, la falta de legislaciones fuertes contra estas prácticas redunda en una politización constante de las causas y la pervivencia de las prácticas supuestamente perseguidas. En el artículo de Stratfor se destacan los intentos realizados por el presidente Rodrigo Duterte en Filipinas, con fuegos de artificio como la reciente destrucción de coches de lujo por valor de 1.200 millones de dólares. Otro caso destacado es el del presidente nigeriano Muhammadu Buhari, que ha prometido hacer de esta lucha la clave de su mandanto, con la constante reivindicación de los esfuerzos que hace su país para luchar contra prácticas corruptas. El problema es que a pesar de los decretos anticorrupción y las comisiones de investigación, el opaco sistema de contratación del país ofrece amplias oportunidades para el soborno, hasta el punto de que jueces anticorrupción nigerianos han sido imputados por aceptar pagos para dejar en libertad a los culpables.
El Big Data, la herramienta futura
Para concluir, el análisis de Stratfor destaca que el avance de las tecnologías y el mayor acceso al Big Data permite a las partes interesadas rastrear a los corruptos y hacer más comprensibles los esquemas criminales y nexos entre países y compañías implicadas. Por ello, hoy día las campañas preventivas de los gobiernos, o las cruzadas de un líder a favor de la transparencia han de ser estudiadas en el contexto geopolítico, ya que puede revelar más al final el impacto de esas iniciativas que la nota que cosechen en los índices globales.
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