Denuncian ante la CIDH el 'debilitamiento' del Estado de derecho en Bolivia

Washington, 21 mar (EFE).- El Colegio de Abogados de La Paz y la Oficina Jurídica de la Mujer de Cochabamba denunciaron hoy el "debilitamiento" del Estado de derecho en Bolivia, y acusaron al Gobierno de ese país de carecer de voluntad política para velar por los derechos humanos.

En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con motivo del 134 periodo de sesiones públicas del organismo, José Antonio Rivera, del Colegio de Abogados de La Paz, afirmó que durante los últimos años Bolivia "ha sufrido un gradual proceso de debilitamiento" y deterioro de los derechos constitucionales.

Los peticionarios reconocieron avances en materia de derechos humanos en Bolivia, ya que la nueva Constitución incluye unos 95 artículos sobre los derechos fundamentales.

Pese a ello, el Gobierno "no ha honrado con plenitud sus compromisos con los derechos humanos, situación que se agrava por posicionamientos políticos sectarios y radicales del oficialismo y de la oposición", señaló la directora de la Oficina Jurídica de la Mujer de Cochabamba, Julieta Montaño.

"No negamos avances formales en materia de derechos humanos, pero no existe una voluntad política para implementarlos", señaló, por su parte, Julio Burgos, del Colegio de Abogados.

Rivera destacó que en las últimas décadas el Estado boliviano logró avanzar en el fortalecimiento institucional, para consolidar el régimen democrático y garantizar la plena vigencia y goce de los derechos humanos, pero por razones de "orden político-ideológico y de coyuntura" el actual Ejecutivo "ha desactivado este proceso".

En cuanto al debilitamiento del Estado de derecho, los peticionarios alegan que éste proceso se ha dado como consecuencia de las acciones del Gobierno y de organizaciones sociales.

En este contexto, Rivera se refirió al "sistemático incumplimiento de la Constitución a partir de 2006 y la reiterada infracción de sus normas", tanto por el oficialismo como por la oposición regional, que se ha evidenciado en el proceso constituyente, las legislaciones mediante decreto y la aprobación de los estatutos autonómicos en los departamentos del sur y oriente.

Por otro lado, afirmó, el Gobierno ha "desarticulado" el Tribunal Constitucional hasta lograr su "paralización total" a través de presiones y proceso penales ilegales a sus magistrados, hasta dar lugar a la anulación del control de constitucionalidad y "lesionar gravemente el derecho al acceso a la justicia".

Los peticionarios denunciaron además acciones por parte de funcionarios y particulares que de manera "sistemática y permanente" violan derechos humanos, como el derecho a la libertad de información, comunicación y expresión, los derechos sexuales y reproductivos, a la vida, la integridad, la libertad y a la salud.

Burgos también se refirió a la "magnitud" de corrupción que ha penetrado hasta "los más altos niveles de la estructura estatal", y al "incremento preocupante" del narcotráfico, sin que se hayan tomado medidas serias para enfrentarlos.

Por todo ello, dijo el abogado, "no es posible afirmar que exista voluntad política" para poner en práctica los avances en materia de derechos humanos.

"Existe un claro deterioro de las obligaciones de garantía y protección, un evidente retroceso en el tema del Estado de derecho, una sistemática hostilidad y agresión contra la disidencia, la prensa y actores sociales, y una explícita impunidad por graves violaciones a los derechos" humanos, concluyó Burgos.