Denuncian impunidad en El Salvador 20 años después de Comisión de la Verdad

  • La impunidad persiste en El Salvador al cumplirse hoy 20 años del informe de la Comisión de la Verdad, que pidió castigar los crímenes cometidos durante la guerra civil, dijeron familiares de víctimas y activistas humanitarios.

San Salvador, 15 mar.- La impunidad persiste en El Salvador al cumplirse hoy 20 años del informe de la Comisión de la Verdad, que pidió castigar los crímenes cometidos durante la guerra civil, dijeron familiares de víctimas y activistas humanitarios.

La Comisión de la Verdad, creada en virtud de los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992 y que acabaron con la guerra de doce años, publicó el 15 de marzo de 1993 su informe sobre crímenes políticos y de lesa humanidad perpetrados durante el conflicto.

Además de arrojar luz sobre esas violaciones de los derechos humanos, la Comisión recomendó al Estado salvadoreño investigar, procesar y sancionar a los responsables de esos hechos.

Pero, pasados 20 años, "persiste la impunidad" a pesar de que la Comisión "dice todo lo que el Gobierno tenía que hacer con la reparación de los caídos, que no podía quedar impune; eso es lo que pedimos", expresó a Efe Dolores Hernández (73), quien durante la guerra perdió a 14 familiares, entre muertos y desaparecidos.

Organizaciones humanitarias anunciaron el pasado martes que próximamente pedirán la derogación de la Ley de Amnistía, aprobada también en 1993 por el Parlamento salvadoreño, por considerar que es el principal factor de impunidad porque protege a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, tanto militares como guerrilleros.

La guerra civil en El Salvador dejó 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 lisiados, según datos oficiales.

"Lo que debe hacer el Estado es decretar que la impunidad no siga" y otorgar "una reparación moral y material", señaló Hernández, que asistió hoy junto a otros familiares de víctimas en San Salvador al acto donde se declaró como "Bien cultural protegido" el monumento a los civiles caídos, con motivo de los 20 años del informe.

Hernández portaba un cartel con las fotos de sus 14 parientes, entre ellos su esposo y dos hijos asesinados, y otro hijo y dos hermanos desaparecidos, además de una nuera, un cuñado y sobrinos muertos en una operación militar en San Vicente (centro) en 1980.

"Por lo menos que (a los familiares de desaparecidos) nos digan dónde los dejaron para darles cristiana sepultura", pidió Hernández.

Los crímenes de lesa humanidad cometidos en la guerra salvadoreña "son de esos casos que hay que luchar mucho tiempo para lograr la justicia", dijo a Efe el coordinador de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, Ovidio González.

"La situación de la impunidad persiste" en parte por la "resistencia de quienes participaron en esos hechos y gentes afines", consideró González, cuya agrupación reúne a comités de familiares de víctimas y otras organizaciones humanitarias.

Pero no hay que perder la esperanza de que en El Salvador "algún día al menos los casos más emblemáticos puedan llevarse a la justicia y en algunos casos conocer el paradero de desaparecidos que mucha gente reclama", apostilló González.

La Comisión Pro Memoria impulsó la declaración del monumento a las víctimas como "Bien cultural protegido" junto a autoridades salvadoreñas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

El vicecanciller salvadoreño, Carlos Castaneda, señaló durante el acto que la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad fue una "responsabilidad que gobiernos anteriores marginaron al olvido y a la indiferencia".

Después de que el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, pidiera perdón en varias ocasiones en nombre del Estado, el Gobierno está dando "los primeros pasos para construir la reparación de las víctimas con diversas acciones que reconocemos aún insuficientes, pero que constituyen los primeros actos gubernamentales" en ese sentido, agregó.

Entre los crímenes incluidos en el informe están el asesinato del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero (1980), así como matanzas que dejaron cientos de muertos como la de El Mozote (1981), y la masacre de seis jesuitas y dos colaboradoras (1989).

El director del Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana, Benjamín Cuéllar, dijo el martes a la prensa que, 20 años después "del asomo de la verdad y su arbitrario ocultamiento" con la Ley de Amnistía, el escenario en El Salvador es de una "gran llaga" y "de un proceso fallido" por la impunidad. EFE

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