Desaparecidos y víctimas sexuales, los grandes retos de la paz en Colombia

Ha pasado apenas un año desde el famoso acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, que puso fin a más de 50 años de conflicto. Sin embargo, el desánimo se ha instalado en una buena parte de la sociedad colombiana, que no ve avances significativos puntos fundamentales del pacto. Según el último informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, los objetivos que se marcaron para este año apenas se han cumplido en un 18% y se han dejado de lado aspectos tan fundamentales como la búsqueda activa de desaparecidos y la reparación de las víctimas de violencia sexual.

Actualmente, se desconoce el número de personas que fueron violadas por miembros de las guerrillas, aunque, según la Fiscalía General de Colombia, se estima que el 95% son mujeres y un 13% menor de 14 años. El silencio es la norma general que impera en las víctimas de este delito, que temen represalias si se se atreven a denunciarlo e incluso la marginación social de su entorno, tal y como alerta Amnistía Internacional.

Es el caso de Isabel, nombre ficticio, que se unió a las FARC con 12 años, según relata la organización. "Mi padre abusaba sexualmente de mí desde los cinco años. Él no quería que estudiara ni que hablara con nadie. Sólo trabajar ordeñando las vacas. Mi mamá no sabía nada. Él era el que mandaba. Mi padre fue a buscarme pero no volví. Las FARC me dieron una K-47 con tres proveedores, ropa y botas. Ya no podría [mi padre] hacerme daño. Nunca he contado a nadie de los abusos. Nadie antes me lo había preguntado. Además, esas cosas se callan", explica.

Las cifras del enfrentamiento colombiano son escalofriantes. La Unidad de Víctimas, establecida por el gobierno, cifraba en casi 8 millones de víctimas del conflicto desde 1985, entre las que había unas 268.000 de homicidio, la mayoría civiles; más de 7 millones de desplazamiento forzado; al menos 30.000 casos de toma de rehenes; más de 10.000 víctimas de tortura; y aproximadamente 10.800 afectados de minas terrestres antipersonales y de artefactos explosivos no detonados.

Sofía fue otra de ellas. Trabajaba como empleada doméstica desde los 12 años. A los 15 años fue violada por su jefe, un paramilitar, y se quedó embarazada. Fue obligada a servir de guía en acciones de patrullaje. "Cuando estaba embarazada de mi hija, estando embarazada de siete meses, me escapé, pero como nunca tenía un peso ni nada, él me encontró en la carretera y me llevó a la finca a un lugar donde no había nadie y allá con un palo de hierro me golpeó por todos lados estando embarazada de siete meses, después estaba toda hinchada y allá en la casa me preguntaba: “¿Usted habló con alguien?, ¿Quién la estaba ayudando para escaparse?”. Como a mí nadie me ayudaba yo le dije que nadie, él me empezó a dar patadas en el piso y empecé a dar vueltas, después mi barriga se fue para un lado y empecé a botar un agua verde. Después de doce horas de estar así, él mando a buscar al médico del pueblo, y el médico dijo que la niña se había hecho “popo” dentro de la barriga y me llevaron a la clínica, allá tuve a mi niña que nació muy enferma", narra.

El acuerdo, pese a que puso fin a 50 años de terror, fue duramente criticado porque no cumplía las normas internacionales sobre los derechos de las víctimas: "Entre otras cosas, incluye castigos que parecen no ajustarse a la gravedad de determinados crímenes, y una definición de la responsabilidad de la cadena de mando que podría dificultar la rendición de cuentas de los jefes de las FARC y de los de las fuerzas de seguridad por los delitos cometidos por sus subordinados", denuncia AI, que recuerda un caso especialmente grave de violación en grupo: "A una chica de 18 años con embarazo le metieron un palo por las partes y se asomó por arriba. La descuartizaron. A las mujeres las desnudaron y las pusieron a bailar delante de sus maridos. Varias fueron violadas".

Miles de personas desaparecidas

Otro de los principales puntos negros para la reconciliación en Colombia es el de los desaparecidos por culpa del conflicto. A pesar de que el Acuerdo de Paz trajo consigo una posible solución para los desparecidos, la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto (UBPD), el hecho de que la propia institución considere que necesitarán 20 años para identificar a las 46.000 víctimas pendientes ha hecho que la sociedad no lo considere como un mecanismo eficaz.

Pedro, cuyo hermano desapareció hace 14 años a mano de las guerrillas, conoce muy bien la incertidumbre de no saber dónde está un ser querido. "Hace catorce años, se llevaron a mi hermano. Un grupo llegó a la finca y se lo llevó. Ellos dijeron que volvía pero pasado un tiempo no volvió y nosotros lo buscamos pero no dimos con él. No se puede denunciar la desaparición porque le puede ocurrir a uno lo mismo", explica a Efe.

Hace poco, un pastor encontró por casualidad una fosa con unos restos humanos enterrados y la documentación de su hermano. Gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), han comenzado las pruebas forenses para identificar el cuerpo. Su esperanza, dice, es poder darle una sepultura digna y un adiós como el que se merece.

Según el Registro Único de Víctimas (RUV) hay 107.963 víctimas indirectas de la desaparición forzada. Madres e hijos que llevan años sin tener noticias de quienes un día se esfumaron obligados por las guerrillas. A Juan, nombre ficticio, nunca se le olvidará el 3 de mayo de 1994, cuando secuestraron a su madre. "Solo se sabe que las subieron a un coche que reapareció días después con sangre dentro. En el pueblo se especula con que las desmembraron, pero nunca se sabe". Ahora lucha por encontrarla. Para Juan y para el resto de familiares es el único homenaje que les queda: nunca dejar de buscar.