Efraín Antonio Campo Flores, de 30 años; y Francisco Flores de Freitas, de 31; sobrinos políticos del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, han sido declarados culpables este viernes por un delito de narcotráfico en Estados Unidos.
Un juzgado norteamericano ha considerado que estas personas, conocidas en la prensa norteamericana como los 'narcosobrinos' de Maduro, trataron de llevar a cabo una transacción de drogas multimillonaria para obtener una gran cantidad de dinero en efectivo con la que pretendían ayudar a su familia a mantenerse en el poder.
En realidad, Flores y Flores de Freitas son sobrinos directos de la primera dama venezolana Cilia Flores, y familiares políticos del primer mandatario del país latinoamericano. Estaban acusados de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Ellos aseguraron en el juicio que fueron víctimas de una trampa. Sus abogados defensores sostenían que serían "demasiado estúpidos" por intentar realizar tal operación de la que se les acusaba.
Un jurado federal en Manhattan, sin embargo, considera que conspiraron para importar cocaína a Estados Unidos. Una vez que se conozca la sentencia, ambos acusados se enfrentan a una pena de prisión que podría conducir a la cadena perpetua.
Los fiscales dijeron que los dos hombres planeaban utilizar el hangar presidencial de un aeropuerto venezolano para enviar 800 kilos de cocaína a Honduras y de ahí al país norteamericano. Y han añadido que las grabaciones de las reuniones con dos informantes de la DEA mostraban que los sobrinos querían el dinero en efectivo para contrarrestar el dinero que creían que Estados Unidos estaba suministrando a la oposición antes de las elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre de 2015 en Venezuela. En esos comicios en los que el partido de de Maduro perdió su mayoría parlamentaria.
El juicio ha durardo diez días. La estrategia de la defensa pasaba por mostrar a los acusados como personas absolutamente cándidas, que no incurrieron en delito alguno. Además, utilizaron como alegato de fondo las tensas relaciones entre EEUU y Venezuela, que explican -según ellos- los motivos de las detenciones de los acusasdos concretadas hace un año.
El fallo judicial supone una revés para Maduro en medio de las crisis económicas y políticas en el país sudamericano. Mientras tanto, el gobierno venezolano refuta a Estados Unidos, cuyos agentes de la DEA reiteran que los acusados confesaron su delito nada más ser arrestados. Los acusados dijeron que sus confesiones, a bordo de un avión estadounidense, fueron coaccionadas, pero la corte norteamericana ya rechazó esa demanda.
El argumento de Venezuela, en tanto, es que la Administración de Control de Drogas norteamericana ha operado ilegalmente en la nación caribeña, en contravención de un decreto de 2005.
Según medios norteamericanos, el financiamiento de la defensa de los acusados ha estado solventado por Wilmer Ruperti, un magnate del transporte venezolano que hizo su fortuna bajo el mandato ex presidente Hugo Chávez y contrató barcos a la estatal petrolera PDVSA, inmersa en un escándalo de corrupción por regalías similar al de la petrolera estatal Petrobras, de Brasil.
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