Una de cal y otra de arena. La llegada de la Administración Biden al mando de la nación más poderosa del mundo ha supuesto un soplo de aire fresco a la convulsionada comunidad internacional. La misma que hace apenas unos meses se echaba las manos a la cabeza ante el proteccionismo comercial de su predecesor en el cargo, Donald Trump.
Los continuos roces del Gobierno del republicano con la Unión Europea en materia comercial a raíz del conflicto con Airbus se materializaron en la imposición de aranceles al aceite, vino, naranjas, quesos o incluso al whiskey. Desde España a Irlanda, el sector agropecuario europeo sufrió en sus carnes la política del palo arancelario de los republicanos con Trump y con las vistas puestas en la zanahoria que implicaría la llegada de Biden a Washington.
Con la salida del mandatario republicano y la entrada de la Administración demócrata en la Casa blanca las bolsas europeas comenzaban a respirar y confiar en una nueva y diferente mirada de Biden hacia Europa. El fin del ‘America first’ comercial estaba próximo… o al menos eso pensaban en las fábricas de Acciona, Siemens Gamesa o la danesa Vestas. Pero no todo es aire fresco en el nuevo Gobierno estadounidense. Muy por el contrario, los vientos de tormenta amenazan al Viejo Continente en forma de nuevos aranceles a la industria eólica europea y española.
El 30 de marzo, la autoridad de comercio internacional estadounidense (ITA por sus siglas en inglés), puso la lupa sobre la industria eólica europea al publicar su investigación preliminar en la investigación de derechos antidumping de torres eólicas procedentes de España. A juicio de la ITA, Vestas Eólica, Acciona Wind Power, Gamesa Energy Transmission, Haizea, Kuzar Systems, Proyectos Integrales y Logísticos S.A.A, Windar Renovables y otras empresas están ofreciendo unos precios por sus productos un 73% más baratos de lo que les correspondería. De esta manera, la ITA parece acusar directamente a la industria eólica española de realizar prácticas anticompetitivas en un proceso que arrancó en septiembre de 2020 y que terminará, presumiblemente, en agosto con la emisión de una orden sancionadora, en caso de que no se estimen las alegaciones de las partes y el procedimiento devenga en definitivo.
El principal argumento de los estadounidenses reside en el brutal aumento de las importaciones de torres eólicas que se ha producido en 2020 y que contrastan notablemente con las realizadas en 2018 y 2019. Hace dos años, las importaciones procedentes de España alcanzaron un valor de 2.155 millones de dólares, una cifra muy aproximada a los 2.173 de 2019, pero que contrastan con los 10.432 del año pasado. Este salto económico es el que ha hecho saltar las alarmas en la ITA, que aduce la relación directa entre los precios de las torres y los componentes procedentes de nuestro país con los de la industria nacional norteamericana.
El doble rasero: del ‘America First’ al ‘Business First’
Cabe preguntarse por las auténticas motivaciones de la Administración Biden para imponer unas sanciones tan severas en un momento en el que el mundo espera precisamente lo contrario: la apertura de la economía americana para dar salida a los productos procedentes del exterior. Es decir, la sustitución del ‘America First’ trumpiano por el ‘Business First’ demócrata. A precios más competitivos, lo lógico es que sean las empresas foráneas las que puedan competir en mejor y mayor volumen de negocio en los ingentes proyectos eólicos norteamericanos, como así lo hacen las empresas ‘made in USA’ en las grandes obras de infraestructuras europeas o los fondos de inversión estadounidenses en las empresas españolas.
Sin embargo, la lógica económica no siempre obedece a la realidad política. La energía eólica y concretamente la eólica marina (offshore) se ha convertido en la piedra angular de la recuperación prometida y en el destino de las medidas de incentivo económico del nuevo presidente. El mismo día que la ITA hacía público su informe preliminar contra las empresas españolas, la Asesora Nacional del Clima, Gina McCarthy, la Secretaria del Interior, Deb Haaland, la Secretaria de Energía, Jennifer Granholm, la Secretaria de Comercio, Gina Raimondo y el Secretario de Transporte Pete Buttigieg se reunieron con los principales ejecutivos de la industria y sindicatos norteamericanos para anunciar nuevos contratos estatales dirigidos "a posicionar a Estados Unidos para liderar una revolución energética limpia y crear miles de empleos en todo el país".
La energía protagonista en esta revolución no será otra que la eólica marina. La misma a la que el presidente Biden elogió y reconoció como vector para generar "nuevos puestos de trabajo y oportunidades económicas a lo largo y ancho de la costa atlántica, el golfo de México y las aguas del Pacífico". La dimensión del proyecto, además de extenderse por las aguas de todo el país, también tiene una repercusión directa sobre la industria de componentes y fabricación de torres eólicas de Estados Unidos. Como ejemplo, las 10.000 toneladas de acero 'nacional' que los trabajadores de Virginia y Alabama están suministrando en Texas a Dominion Energy.
Esta empresa nacional opera en 16 estados norteamericanos y en la actualidad está construyendo el primer buque de instalación de turbinas eólicas conforme a la Ley Jones. Un texto legal que dota de derechos de trabajadores del mar a todos aquellos que realicen su actividad profesional en un buque, independientemente de la finalidad o propósito de la actividad que realice. Esta era una de las reivindicaciones históricas de los sindicatos de exploraciones petrolíferas que reclamaban una equiparación a los trabajadores embarcados en buques mercantes y que será el gran guiño de Biden a los sindicatos offshore.
Sobre el papel, la licitación de las concesiones para poder operar está abierta a todas las empresas, independientemente de su nacionalidad. Avangrid, la filial de Iberdrola en EEUU, mantiene su esperanza en el desarrollo de sus proyectos en construcción en la costa Este, Vineyard Wind y Park City Wind, y ve con esperanza la agilización de los proyectos de Kitty Hawk y Zone 522. Sin embargo, el as en la manga que se ha reservado la Administración estadounidense está en la industria de los componentes, palas y turbinas que alimentan las torres eólicas marinas.
En el mismo comunicado, la Casa Blanca recuerda que, junto a la inversión energética multimillonaria, se reserva una importante cantidad que irá destinada a la creación de una industria estratégica nacional que, evidentemente, tendrá que desplazar a la importación de componentes extranjeros.
La Administración Biden facilitará el acceso, por parte de la industria eólica marina, a 3.000 millones de dólares que se materializarán a través del Programa de Garantía de Préstamos de Energía Innovadora, dependiente de la Oficina de Programas de Préstamos del Departamento de Energía. De esta manera, las empresas industriales estadounidenses podrán asociarse con desarrolladores, proveedores y socios financieros de transmisión eólica marina. Este programa ya ha dedicado más de 1.500 millones de dólares en apoyo a este tipo de proyectos, posibilitando la construcción de 1.000 MW de energía eólica convencional.
Los grandes datos del proyecto offshore norteamericano son apabullantes. 30GW de eólica marina para 2030, 12.000 millones de dólares anuales de inversión, 72.000 empleos directos e indirectos, unas cifras que ponen de manifiesto la importancia de una apuesta del dueto Biden-Harris de dejar bien claro que la entrada de aire fresco en la Casa Blanca no implica la renuncia al control tecnológico e industrial de la energía que consumirán los americanos en las próximas décadas. Mientras, Europa sigue al viento que mejor sopla: la calma chicha.
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