Una de las escenas más sobrecogedoras de la vida de Venezuela sucedió el 7 de febrero de 2010. Acompañado del alcalde de Caracas, y de otros chavistas, el presidente Hugo Chávez estaba caminando por el centro histórico de la ciudad, y al ver un edificio en la esquina de la Plaza Bolívar, preguntó antes las cámaras de televisión: “¿Y ese edificio?”. Le dijeron que era un inmueble con comercios privados de joyería. Y Chávez levantó el brazo, lo señaló y dijo: “¡Exprópiese!”.
En un segundo y con una sola palabra, Chávez acabó con las joyerías del edificio La Francia en Caracas, uno de los más tradicionales y reconocibles de la ciudad. Los comerciantes cogieron sus joyas, las metieron en cajas y salieron desolados, sin entender qué había pasado. "No puede ser, que de un día a otro nos boten [expulsen] del edificio", dijo Moisés Levi, propietario de una joyería.
Hoy el edificio es la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, la asamblea paralela que Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, se sacó de la manga en unas elecciones irregulares en 2017. "Arruinaron a los comerciantes y eliminaron todos los puestos de trabajo que había allí", dice hoy Héctor F. señalando al edificio. Chávez prometió crear en esa zona un centro histórico, pero la verdad es que diez años después, alrededor de la Francia hay un enjambre de compradores de oro, como Héctor, que están en medio de la calle y que asedian a los paseantes.
Pocas imágenes en la historia han hecho más daño a la credibilidad de Venezuela. Chávez ejerció el sumo poder de un gobernante al que nadie se atreve a poner límites, lo que vulgarmente se llama un dictador. Según el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice, Chávez o Maduro expropiaron 1.359 empresas entre 2005 y 2017.
La ola de nacionalizaciones empezó en 2007. Chávez nacionalizó la Electricidad de Caracas, y la empresa de telefonía CANTV, así como las explotaciones mineras de Exxon y Conoco en la llamada Faja del Orinoco.
En 2008 le tocó a la empresa Lácteos Los Andes, toda la industria cementera del país, incluida la de grandes multinacionales como Lafarge, Cemex y Holcim, y además a Sidor, la gran empresa siderúrgica que estaba en manos de la italoargentina Ternium Techint. Antes de que terminara el año, nacionalizó la mina de oro “Las Cristinas” en manos de la canadiense Crystallex.
Durante los años posteriores siguieron empresas de arroz, de café, millones de hectáreas, y hasta la poderosa Agroisleña, que era una empresa fundada por canarios para distribuir productos entre los agricultores. Cayeron bajo su furia expropiadora aerolíneas como Aeropostal, perforadoras de petróleo como Helmerish Payne, distribuidoras de combustible, la papelera Smurfit Kappa, compresoras de gas, naves de almacenamiento de grano, la cadena hotelera Hilton, centrales azucareras, los hipermercados Éxito, universidades privadas, envasadoras de aluminio y cartón, bancos…
Todas esas empresas pasaron a manos públicas. A muchas se les pagó una compensación económica. Pero aún así fue un acto de vandalismo de Estado que satisfizo a los miembros más radicales del chavismo pues daban un golpe a los capitalistas y a los empresarios, pero también fue el mayor golpe al prestigio financiero de un país.
El resultado es que hoy Venezuela importa productos que antes exportaba o abastecían el mercado nacional. Por poner un ejemplo, todos los días hay cortes de luz en las grandes ciudades, el agua llega por horas en algunos sitios y la telefonía celular tiene muchos defectos técnicos. Todas esas empresas antes estaban en manos privadas.
Esta semana, el presidente Maduro aseguraba en una rueda de prensa con corresponsales internacionales que esperaba crear alianzas con inversores internacionales y nacionales para reconstruir la economía. A la pregunta de un periodista sobre si pensaba devolver empresas expropiadas sencillamente no respondió.
Según un análisis de la ONG Transparencia Venezuela, desde 2001 hasta 2017, un periodo que abarca a Hugo Chávez y Maduro, el Estado venezolano pasó de poseer 74 empresas a ser dueño de 526. Eso suponen diez veces más compañías estatales que Argentina y cuatro veces más que Brasil. El análisis se concentró en ocho empresas de sectores fundamentales como petróleo, manufactura, agroalimentario, financiero y eléctrico. En 2016 esas empresas arrojaron pérdidas por 1,29 billones de bolívares. Al cambio, equivalía a 386 millones de dólares. "Este dinero supera el gasto que se hizo en salud en todo el año 2016, supera el gasto que se hizo en educación en todo el año 2016, supera el gasto que se hizo en vivienda", afirmó a la prensa la economista Christi Rangel, coordinadora de la investigación, según informaba 'Deutsche Welle'.
El sistema de expropiación consistía en nacionalizar empresas de un sector, agruparlas en una corporación, y poner al frente a personas sin conocimientos técnicos ni económicos. Entre 2009 y 2010 se expropió ejemplo las empresas de café Fama de América, Café Madrid y El Peñón, y se las agrupó en la Corporación Venezolana del Café. A partir de ahí, el déficit de producción fue tan notable que tras ser uno de los mayores productores de café de Latinoamérica Venezuela empezó a importar café desde países como Nicaragua. Tras manejar el 80 % de la producción nacional, en 2016 la escasez de este producto llegó a 84 % "y se hizo necesario importar el café a un dólar impagable", dice Transparencia Venezuela.
Lo mismo sucedió con el azúcar. En su estudio se revela que en 1999 Venezuela cubría 99,96% de la demanda interna de azúcar. Tras expropiar 10 de las 16 centrales azucareras del país, en 2015 el Estado venezolano solo logró satisfacer 25,6 % del consumo nacional.
Según Transparencia Venezuela, a partir de 2010 muchas de las empresas públicas dejaron de publicar sus cuentas, a pesar de que deben informar sobre su gestión a la Asamblea Nacional y al país. Pero la cosa es aún peor: “Desde 2016 no se publica la Ley de Presupuesto y la Ley de Endeudamiento y con esto se terminó de cerrar la pequeña rejilla que quedaba hacia la transparencia de la administración del dinero y demás recursos públicos”, dice otro informe de Transparencia Venezuela publicado en octubre de este año y titulado “Destrucción de las empresas propiedad del Estado y los beneficios que obtuvo la autodenominada revolución bolivariana”.
En el informe se afirma: “Los ministerios que tienen adscritas empresas estatales no publican resultados de su gestión ni la ejecución de sus presupuestos. Esta situación persiste en 2020. En los últimos 20 años se firmaron decenas de contratos millonarios sin control y por adjudicación directa, obviando cualquier mecanismo de transparencia”. Para colmo de la falta de transparencia, una ley permite adjudicar contratos públicos sin control, y a la Asamblea Nacional (controlada por la oposición) se le prohíbe investigar las operaciones. “En los últimos 20 años se firmaron decenas de contratos millonarios sin control y por adjudicación directa, obviando cualquier mecanismo de transparencia”, dice Transparencia Venezuela.
En la mayoría de los casos, los presidentes de las empresas públicas eran los ministros del ramo, todos del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, o bien militares, que aumentaron su influencia sobre la economía, creando el modelo llamado “Estado Cuartel”.
El caso más dramático de malversación y hundimiento fue el de PDVSA. “Antes del año 1999, la producción de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) tuvo un pico de 3,7 millones de barriles diarios, y contó con un promedio de 3 millones de barriles diarios entre 2004 y 2013, mientras que los precios del crudo en el mercado internacional alcanzaron los 150 dólares”, dice el informe de Transparencia Venezuela.
El declive comenzó a profundizarse a partir de 2013 cuando se produjo 2,7 millones de barriles en promedio, según la OPEP. En 2018, la producción bajó a 1,5 millones y al año siguiente a un millón, “En 2020 el retroceso se profundizó y llegó en junio a 393.000 barriles”, dice el informe, lo que significa la caída más baja de los últimos 77 años. Además, PDVSA se dedicó a regalar diariamente 50.000 barriles a Cuba. Hoy PDVSA compra gasolina en el exterior y, a pesar de ello, no logra suplir la demanda nacional, razón por la cual los ciudadanos hacen cola de horas o días en las gasolineras.
En resumen, diez años después de aquella cabalgata triunfal de Chávez donde gritó “¡exprópiese!” para colmar de alegría a los miembros más marxistas del PSUV, el país está hundido y mendiga la inversión internacional. Los inversores tardarán mucho en volver pues hoy todavía Venezuela es un país sin garantías, salvo que Maduro cambie de política económica a partir de enero de 2021, con la nueva Asamblea… con mayoría del PSUV.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios