El presidente de facto de Honduras,Roberto Micheletti, ha derogado este lunes en Consejo de Ministros el decretoque restringía las garantías a las personas, que estaba en vigordesde hace nueve días en el país centroamericano. Pocas horas antes, el dirigente reconocía que "igual que como tomamos la determinación para establecerlo, igualharemos para derogarlo". La razón expuesta por el Ejecutivo de facto es que la mayoría de los sectores sociales del país rechazan esa disposiciónde su administración.
La derogación del decreto también era una petición del depuestopresidente de Honduras, Manuel Zelaya, para iniciar esta semana undiálogo con el fin de resolver la crisis política que vive el paíscentroamericano. Zelaya fue derrocado del poder por los militares y expulsado delpaís el 28 de junio pasado.
Para el próximo miércoles está prevista la llegada a Tegucigalpade una misión de cancilleres de diez países de la Organización deEstados Americanos (OEA), en un nuevo intento por encontrar unasolución política negociada a la crisis política.
Condiciones para la retirada
Micheletti también ha asegurado este lunes que si se garantizan las eleccionesde próximo noviembre y se pone fin a la crisis que vive el paísmediante el diálogo, está dispuesto a renunciar al poder. Sobre la restitución de Zelaya, el dirigente ha indicado que "hay que hablar de los diferentestemas en el sentido que se busca garantizar las elecciones y quesean transparentes, masivas, una fiesta cívica".
"De allí para allá se puede hablar de cualquier escenario con unpresidente electo, antes es muy difícil pensar (en eso)", ha aseguradoMicheletti en declaraciones a Canal 5, en Tegucigalpa. Micheletti también ha indicado que el 90 por ciento de los hondureñosno quiere el regreso de Zelaya al poder, aunque no precisó detallessobre ese particular.
Además, ha reconocido que la restitución en el poder "es una aspiración del señorZelaya que habría que escucharla ya con mejores planteamientoslegales", pero que esa es una decisión que no le corresponde alEjecutivo, sino que "tendría que tomarla la Corte Suprema deJusticia".
El gobernante de facto ha recordado que Zelaya tiene pendientesasuntos legales con la justicia de Honduras, por varios delitos,entre ellos traición a la patria, que le imputa la Fiscalía Generaldel Estado. "Nosotros podemos tomar una decisión, si eso alivia el problemaque estamos viviendo, pues sí, vale la pena, se ha planteado, perono hay una decisión seria y fuerte", ha recalcado Micheletti. En opinión del presidente de facto, si se celebran de manera transparentelas elecciones del 29 de noviembre próximo, "de ahí para allá sepuede hablar de cualquier escenario, de cualquier solución".
Un marco para el acuerdo
Por contra, Zelaya ha afirmado que la embajada de Brasil, donde permanecedesde el 21 de septiembre pasado, brinda seguridad para la firma deun acuerdo que ponga fin a la crisis política de su país. "La sede diplomática de la República Federativa de Brasil enTegucigalpa proporciona el marco de seguridad nacional einternacional para la suscripción de este acuerdo por ambas partes",subraya un comunicado emitido por Zelaya, cuando este lunes se cumplen 100días de su derrocamiento.
Además, la legación diplomática brasileña "garantizatransparencia e imparcialidad, lo mismo que el respeto a laintegridad física, los derechos constitucionales y la vida delpresidente electo por el pueblo hondureño, José Manuel ZelayaRosales", añade el comunicado.
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