Miércoles, 17.10.2018 - 08:23 h
Hay 120.000 expulsados de la carrera pública 

El Gobierno turco readmite solo a 1.800 funcionarios expulsados por golpismo 

Unas 50.000 personas se hallan en prisión preventiva por supuestos lazos con los instigadores del golpe de 2016. 

Fotografía golpe de Estado en Turquía

El Gobierno turco ha readmitido este viernes a 1.823 funcionarios expulsados por sospechas de vínculos golpistas tras desestimar la Fiscalía los indicios de comunicaciones informáticas en los que se basaba la acusación.

El decreto del Gobierno en el que se anuncia la media se ampara en los amplios poderes que le concede el estado de emergencia, vigente desde el fallido golpe de 2016.

De los readmitidos, unos 540 trabajaban en el Ministerio de Educación, otros 630 en las Fuerzas de Seguridad, unos 200 en el Ministerio de Salud y unos 70 en el Ministerio de Justicia, informó el rotativo Hürriyet.

Tras la asonada, que Ankara atribuye a los seguidores del predicador exiliado Fethullah Gülen, las autoridades turcas detuvieron a miles de personas bajo la acusación de haber utilizado Bylock, un programa de mensajería cifrada para móviles que según la Fiscalía fue desarrollado especialmente para la cofradía.

Los funcionarios ahora readmitidos estaban acusados de usar esta aplicación, pero la Fiscalía anunció a finales de diciembre que un número significativo de sospechosos, más de 10.000, se pudieron conectar a la IP de Bylock sin saberlo.

Los móviles de algunos de estos sospechosos pudieron enlazar a la IP de Bylock si se hacía clic en determinados anuncios publicitarios, sin que el usuario lo supiera.

Por otro lado, en el mismo decreto emitido, el Gobierno despide a otros 262 funcionarios de varias instituciones, por sus presuntos vínculos golpistas.

Al menos 49 de los sospechosos eran miembros de las Fuerzas Armadas.

Los seguidores de Gülen estuvieron ampliamente representados en la Judicatura, Policía y Administración y hasta 2013 fueron firmes aliados del Gobierno, pero a partir de otoño de ese año se enfrentaron al Ejecutivo en una dura lucha de poder.

Unas 50.000 personas se hallan en prisión preventiva por supuestos lazos con los instigadores del golpe de 2016 y unos 120.000 funcionarios han sido expulsados de la carrera, a lo que se añaden otros 20.000 profesores de la enseñanza concertada.

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