Mohamed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, y otros altos cargos de la monarquía del Reino tienen responsabilidad en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ejecutado y descuartizado por un equipo de agentes saudíes en el consulado de Riad en Estambul (Turquía), según los resultados de una investigación de Naciones Unidas publicados este miércoles.
La conclusión aparece en un informe de cien páginas presentado por la relatora de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, quien visitó este año Turquía para investigar los sucesos del 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí. El gobierno turco, también ha manifestado su apoyo a las investigaciones de la ONU, a través de un comunicado que su ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu ha lanzado en su perfil de Twitter: "Respaldamos con firmeza las recomendaciones de la relatora para esclarecer el asesinato de Khashoggi y hacer rendir cuentas a los responsables".
En el documento, que la próxima semana será presentado oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos, Callamard pide a la comunidad internacional que aumente las sanciones contra el príncipe saudí y sus propiedades, "hasta que pueda probar que no tiene ninguna responsabilidad". Por su parte, las autoridades saudíes aún no se han pronunciado ante las acusaciones.
El periodista "fue víctima de una ejecución deliberada y premeditada por la que Arabia Saudí es responsable bajo las leyes internacionales en materia de derechos humanos", concluye el informe de Callamard, elaborado tras seis meses de investigaciones, que ha solicitado a otros Etados la aplicación de la jurisdicción internacional y la activación de las medidas necesarias. Según el amplio informe de la relatora, hay "evidencias creíbles que ameritan una mayor investigación" sobre la responsabilidad del príncipe saudí en estos hechos "por parte de una autoridad apropiada", por lo que se demanda tanto al Consejo de Seguridad, como al secretario general de la ONU, Antonio Guterres que tomen cartas en el asunto.
Khashoggi, columnista del 'Washington Post' manifiestamente crítico con la monarquía de su país, fue presuntamente asesinado y descuartizado por agentes saudíes en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, al que se había dirigido para tramitar su matrimonio, un suceso que generó una amplia condena en la comunidad internacional.
A pesar de que las circunstancias de la muerte del periodista han desencadenado diversas teorías, ninguna de ellas ha llegado a contradecir la responsabilidad de Arabia Saudí, según afirmaciones de la relatora que, a principios de año, se había trasladado a Turquía, cuyos dirigentes han solicitado una investigación internacional del caso y el consiguiente juicio en territorio turco de las personas detenidas hasta ahora, para analizar el escenario de un asesinato que evidenciaba al menos seis violaciones de la ley internacional, incluyendo la detención arbitraria, el uso extraterritorial de la fuerza, la tortura y la desaparición forzada.
El informe critica la respuesta internacional ante el crimen y la considera "poco efectiva". El documento señala que las sanciones impuestas al Gobierno saudí, como las que ha encabezado Estados Unidos, contra 17 altos cargos saudíes son insuficientes, en parte, porque en ellas no se responsabiliza al heredero Mohamed bin Salman: "Se trata de un crimen de Estado, y esas sanciones particulares contra individuos son una cortina de humo que reduce la atención hacia la responsabilidad estatal".
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