Cuando los rebeldes avanzaban hacia Monrovia, capital de Liberia, el señor de la guerra y entonces presidente del país Charles Taylor decidió huir. Su fuga marcó el fin de 14 años de saqueos y asesinatos, mientras que su arresto en 2006 por crímenes cometidos en la vecina Sierra Leona indicó el fin de la impunidad de los dictadores en el mundo.
Este lunes Taylor, de 61 años, comenzó su defensa por los 11 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad supuestamente cometidos en Sierra Leona durante la guerra civil de 11 años que alcanzó niveles inusitados de brutalidad.
Taylor niega haber apoyado al Frente Revolucionario Unido (RUF en sus siglas en inglés), un grupo rebelde que se dedicaba a amputar brazos y piernas. Sus filas estaban llenas de niños drogados que usaban los asesinatos y las violaciones para aterrorizar a la población civil.
El Tribunal especial para Sierra Leona, con el apoyo de Naciones Unidas, en La Haya es el encargado del proceso. Los otros sospechosos han sido juzgados en un complejo construido par a la ocasión en la capital del país, Freetown, bajo condiciones especiales de vigilancia.
La influencia de Taylor eran tan poderosa en Liberia que la actual presidenta Ellen Johnson Sirleaf solicitó que fuera transferido a La Haya, lejos de los países a los que había llevado al desastre.
Primer africano en ser juzgado
El juicio contra el antiguo dictador, que comenzó el año pasado, supuso el primero en el que un político africano tiene que afrontar crímenes de guerra. Desde entonces el presidente de Sudán Oman Al-Bashir ha sido imputado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes ocurridos en la región de Darfur mientras que el antiguo dictador de Chad, Hissène Habré, es reclamado por la Corte Internacional de Justicia.
También se investiga a los líderes kenianos responsables del baño de sangre que siguió a las disputadas elecciones de 2007. Sin embargo, los miembros de la Unión de Estados Africanos han decido ignorar su obligación de arrestar a Bashir.
La herencia de Taylor se siente todavía en Liberia. De hecho, la Comisión de Reconciliación y Verdad del país recomendó que se prohibiera a la actual presidenta Sirleaf y a otras 49 persona ejercer cargos públicos por el apoyo que brindaron a Taylor. La dirigente dice que Taylor le engañó.
Las apuestas en contra de la suerte de Taylor crecen. En abril tres acusados, todos comandantes del grupo rebelde RUF, fueron sentenciados en Freetown a entre 25 años y 52 cada uno. Su hijo Chucky fue condenado en Miami a 97 años de prisión por torturar a liberianos cuando dirigía la temida Unidad Antiterrorista del país.
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